DESTACADO PROVINCIA

Dirigentes y abogados piden a la Justicia que no tome juramento a 30 fiscales y defensores adjuntos que fueron considerados “no idóneos”

Resumen

El día jueves, dirigentes políticos de distintos espacios junto a un grupo de 70 abogados presentaron ante el Superior Tribunal un pedido para que no se preste juramento a los 30 fiscales y defensores adjuntos que fueron considerados “no idóneos” para cumplir la función.

El día jueves, dirigentes políticos de distintos espacios junto a un grupo de 70 abogados presentaron ante el Superior Tribunal un pedido para que no se preste juramento a los 30 fiscales y defensores adjuntos que fueron considerados “no idóneos” para cumplir la función.

De acuerdo a lo informado, entre las objeciones que se formularon, los dirigentes cuestionan a quienes asumirán este viernes porque no se sometieron a los exámenes o fueron desaprobados por la comisión técnica evaluadora del Consejo de la Magistratura. En la misiva entregada por Ricardo Endeiza, Francisco Guiñazú, Ricardo Bazla y Hugo Rossi, dirigentes de distintos espacips junto a un nutrido grupo de abogados pidieron al Superior Tribunal que “se abstenga de tomar juramento a los funcionarios elegidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo y los senadores del oficialismo”.

En el escrito, los denuncias señalan: “Con profunda preocupación advertimos que el máximo Tribunal fijó fecha de juramento para el próximo viernes a funcionarios del Poder Judicial que no tuvieron el proceso de evaluación previsto en la Ley 615/08, que procura garantizar la ‘idoneidad’, inexcusable requisito de admisibilidad (art. 23 de la Constitución Provincial y art. 16 de la Constitución Nacional) para ocupar éstos cargos, lo que resulta de una extrema gravedad institucional, pues la vida, libertad, propiedad y honor de los sanluiseños, dependerá también de dichas personas que sólo acreditan vínculos con el poder dominante en la provincia”.

Asimismo, le recuerdan a los jueces que éstos deben ejercer el control de la constitucionalidad de las normas que aplican en artículo 210 de la Constitución Provincial: “No pueden devaluar el mérito y la idoneidad como parámetros constitucionales, invocando normas de menor jerarquía o razones de excepción que en la actualidad ni siquiera existen, pues transcurrió casi un año desde que fuera sancionado el nuevo código de procedimientos penales (Ley 0152-2021)”, expresa la misiva.

La nota señala además que “solo así preservarán las instituciones de la República y cumplirán el juramento de hacer cumplir la Constitución que formularon al asumir sus cargos”.

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