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Diputados piden informes sobre la contratación de hoteles para la cuarentena

El interbloque de San Luis Unidos solicitó información sobre cuáles fueron los procedimientos adoptados para la contratación de los servicios de hotelería y alimentación para que aquellas personas que ingresen a la provincia de San Luis.

Proyecto de solicitud de informes. El interbloque de diputados de San Luis Unidos solicitó información al ejecutivo provincial donde le solicitan información sobre las contrataciones realizadas con motivo de las medidas establecidas para la propagación del COVID 19.

El proyecto de solicitud de informes consiste conocer cuáles fueron los procedimientos adoptados para la contratación de los servicios de hotelería y alimentación para que aquellas personas que ingresen a la provincia de San Luis puedan ingresar en cuarentena.

La fundamentación por parte de los diputados es saber el “detalle de las personas a las que se hubieren invitado a contratar para prestar los servicios individualizado, munido de sus respectivas cotizaciones, acreditando la fecha y la efectiva invitación cursada”.

Además, los diputados expresan en el comunicado enviado a la prensa que desean conocer cuál fue el procedimiento seguido para la selección del Hotel Epic, que según el gobernador Alberto Rodríguez Saá, era la opción más económica a la que accedió la provincia y los fundamentos. “Motivo de la elección de dichos alojamientos alternativos, acompañando copia de la totalidad de las actuaciones de los expedientes donde tramitó la selección de los lugares alternativos de alojamiento y definición de las tarifas de servicios”.

El motivo del pedido de informe surge, a partir de las distintas declaraciones realizadas por los representantes de hoteles, “han manifestado que no recibieron el pedido de cotización, ni se les dio la posibilidad de cotizar para la prestación de sus servicios de alojamiento y pensión”.

El sector hotelero es uno de los rubros económicos más golpeados por la paralización de las actividades y  varios proveedores habrían sido discriminados por el gobierno a la hora de la contratación. “De ser así, nos encontraríamos frente a una clara violación al principio de concurrencia que debe primar en toda contratación que encare el Estado”.