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La Justicia federal investiga posible fraude electoral en Arizona

La investigación puso en tela de juicio el sistema de control de las elecciones en la provincia manejada los hermanos Rodríguez Saá y apunta al actual intendente como responsable de un fraude histórico.

La elección del año 2015 en San Luis le costó enormemente cara al oficialismo provincial, al punto de dejar un déficit de 850 millones de pesos, pero además, aparentemente, hasta tuvieron que hacer fraude para no perder algunos bastiones.

Tal es el caso de la localidad sureña de Arizona, donde la Justicia federal investiga un bochornoso fraude en el que habrían votado en la elección del año 2015 personas que no vivían en la localidad.

En dicho comicio, el ex diputado provincial, Jorge Ariel Figueroa, fue “elegido” intendente gracias al voto de vecinos de las provincia de La Pampa y Mendoza.

De acuerdo a la investigación generada a partir de la denuncia de un particular, el fiscal Federal Cristian Rachid solicitó la declaración de al menos 86 personas, quienes figuraron en los padrones y nunca vivieron en la mencionada localidad sueña y que habrían participado del escandaloso fraude electoral.

La causa que investiga el fiscal Rachid es por los “delitos contra la fe pública en concurso con violaciones a Ley Electoral Nacional”.

De acuerdo lo informado, una de las primeras medidas que adoptó la Fiscalía fue allanar –por primera vez en su historia- la sede del Registro Civil de Arizona. El resto fueron horas y horas cruzando los datos de cada uno de los votantes.

De la investigación luego surgiría el dato que señala que hubo cambios falsos de domicilio por parte de personas que, en su mayoría, registraban domicilio en General Pico y General Alvear. Sin embargo, ninguno de los ahora imputados vivió jamás en el municipio, no obstante éstos habrían recibido a cambio del favor una licencia de conducir profesional.

Según fuentes periodísticas, a raíz de esta causa estarían incluidos en la citación la totalidad de los falsos electores detectados (por infracción a los arts. 293 del CP y art. 137 del CEN), el entonces intendente comisionado, Pedro Figueroa, y  la encargada de la oficina local del Registro Civil por idénticos delitos en concurso con infracción al art. 248 del Código Penal.

Por otra parte, la Fiscalía deberá convocar a prestar declaración indagatoria a los efectivos policiales que extendieron falsos certificados de domicilio a favor de los electores imputados, así como también a todas aquellas personas que realizaron falsas declaraciones con los mismos fines, en sendos certificados falsos de residencia (en los dos últimos casos, por infracción al art. 293 del CP).

Según consta en el expediente, los imputados no sólo no vivían en el municipio, sino que además tampoco acreditaron los requisitos legales exigidos para obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a las elecciones simultáneas de ese año, cuando el oficialismo provincial perdió la elección primaria y luego revirtió ese resultado a través de un mecanismo de extorsiones y compra de voluntades.

Fuentes periodísticas señalan también que la maniobra se habría realizado a través del ex jefe comunal de la localidad -Pedro Figueroga- quien paradójicamente es el padre del actual intendente.

De acuerdo a la investigación, Figueroa –padre- ofrecía el carnet de conducir categoría profesional a los ahora imputados a cambio del voto a favor de su hijo. Asimismo, la licencia era otorgada a los imputados de manera irregular, sin la exigencia de ninguno de los requisitos vigentes para la categoría profesional, tales como el certificado médico, examen teórico práctico, entre otros.

No obstante, la investigación descubrió que los imputados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa localidad.

Más del 90% de los votantes truchos no cruzó los límites para votar en San Luis en el ballotage en el que fue electo presidente Mauricio Macri. En cambio, el grupo de “electores” sí concurrió a las PASO y a las elecciones del 25 de octubre.

El fiscal de la causa indicó que los registros fílmicos y fotográficos tomados por personal de la Policía Federal Argentina, permitieron identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que trasladaban a muchos de los votantes truchos durante los días previos a la jornada electoral.

En esa línea, el fiscal señaló que “la intervención en la maniobra de Figueroa obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado electoral favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal de todos los electores”.

Para Rachid, está claro que Figueroa “como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte –necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo, extendió ilegítimamente las licencias de conducir que proporcionó, a cambio de su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados”.

“Por tales motivos, y una vez más, es posible sostener que tales extremos hubieran sido de imposible realización sin la participación ardidosa del por entonces intendente de Arizona, Jorge Pedro Figueroa, quien deliberada y arbitrariamente confirió tales licencias de conducir a todos y cada uno de los electores imputados en la presente causa, sin observar ninguno de los requisitos pertinentes de la normativa vial, a cambio de que estos concurran a votar en las mesas habilitadas en el circuito electoral 111 Arizona San Luis, durante las elecciones PASO y generales de 2015”, agregó.

Luego de conocida la causa bajo la aparente complicidad de las autoridades municipales, policiales y demás estamentos provinciales, habría que preguntarse si esa misma maniobra fraudulenta no fue solo realizada en esa pequeña localidad y si así fuese, ¿la Justicia federal podría invalidar los comicios?, ¿se hará una investigación para saber cuáles otros municipios pudieron haber cometido el mismo ardid?

Solamente el avance o no de esta causa demostrará si realmente existe en San Luis el Estado de Derecho, y si realmente los comicios en esta tierra feudal son la voluntad del pueblo.