La justicia dispuso el procesamiento de 47 intendentes por obras que nunca se hicieron

47 intendentes y exintendentes de distintas ciudades del país fueron procesados este miércoles por la Cámara Federal porteña tras considerar que los mismos fueron partícipes necesarios del delito de fraude en contra de la administración pública.

La causa surge a través de lo que durante el kirchnerismo fue el programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu), en el cual los funcionarios habrían recibido millones de pesos para obras de remediación ambiental que jamás fueron llevadas a cabo.

Por esta misma causa ya se encontraban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

De acuerdo a lo señalado por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, los “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal indicaro que la maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”.

Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex jefe comunal de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, el utra kirchnerista Francisco “Paco” Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.

La justicia consideró que entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

En ese sentido, entendieron que cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio, sin embargo los trabajo nunca fueron llevados a cabo y los funcionarios no pudieron expliclar cual fue el destino de la totalidad de esos fondos.

Todos los intendentes que siguen procesados

Se trata de Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy, José Antonio López, Gustavo Karasiuk, Ángel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.

También están imputados Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.