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Radiografía de la Justicia Puntana

Por Héctor Cangiano. Abogado – Matrícula 2908

Como si se tratase de algo secundario, el Poder Ejecutivo Provincial sigue las directivas de la Nación y, en perfecta comunión con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ), disponen que el servicio de justicia no es esencial, debiendo continuar su funcionamiento de la forma en que lo viene haciendo… ¿Continuar su funcionamiento? ¿Cómo? ¡Si los términos se encuentran suspendidos!

Hasta las más simples actuaciones, como cotejo de documental o control de oficios, se encuentran en un estado de eterna dilación; todo el sistema que rige los procesos judiciales se haya sumergido en un limbo donde las reglas de los códigos de procedimientos han quedado como simples sugerencias y donde las aplicaciones pretorianas a través de Acuerdos se han vuelto la regla y no la excepción.

La Pandemia que nos atraviesa, encontró a la Justicia Puntana en una posición tecnológica de clara superioridad en comparación con las administraciones judiciales de las restantes provincias, como así también de la Justicia Federal. Contamos con expediente electrónico, firma digital, notificaciones electrónicas, entre otras tantas medidas propias de la era digital. Sin perjuicio de lo cual, no podemos encerrarnos en los instrumentos tecnológicos como única vara de medición; por lo menos en lo que al funcionamiento de la Justicia hace.

La crisis sanitaria, económica y social que actualmente nos atraviesa, solo acentúa y pone de manifiesto las dificultades que ya veníamos soportando en todos los órdenes de la vida y en especial en la deficiencia de los servicios públicos que el Estado nos brinda. Los juzgados de nuestra Provincia no escapan a esta premisa, ya que en su mayoría se encuentran desbordados e incapacitados de atender la totalidad de las demandas que nuestra ciudadanía genera. La despapelización (…a medias), sólo ha servido para ocultar la lluvia de expedientes en el campus de la virtualidad, resultando incapaz para agilizar los procesos y mejorar la calidad del servicio. Prueba de ello es la demora (en muchos casos de MESES) para el control de Cédulas, Oficios, Mandamientos y Edictos.

Nuestra Justicia desde hace mucho tiempo, se encuentra herida de gravedad en su INDEPENDENCIA, con un llamativo silencio y complacencia de la mayoría de la sociedad. Esto queda en evidencia al ver el método de elección de los miembros del STJ, los cuales se eligen por el Gobernador con acuerdo del Senado según el art. 196 de nuestra Const. Prov. Por lo tanto, se eligen a gusto y piacere por nuestro Gobernador desde la reforma constitucional  de 1987 que instauró la bicameralidad; lo que ha puesto en los hechos al partido peronista con mayoría absoluta en el Senado desde la creación del mismo, logrando dicho partido retener ocho del total de nueve bancas en la actualidad. Cabe agregar, que hace cuatro largos años que el STJ no cuenta con todos sus miembros, solo posee tres de sus cinco constitucionalmente dispuestos (art. 191 Const. Prov.), a lo que se suma que el STJ para dictar sentencia necesita el voto por mayoría de tres de sus miembros, sin perjuicio de lo cual desde que ocurre esta irregularidad, jamás tuvimos una opinión en disidencia. ¡Gran mérito para aunar criterios tienen sus Excelencias! ¿Y qué pasaría si hubiera disidencia? ¿Por qué no se designan los miembros que faltan? A todo esto, ¿qué control ejerce la oposición?. ¿No se encuentra claramente afectada la división de poderes como Principio Republicano?. Producto de lo expuesto: ¿Cuántos jueces han tenido activa militancia partidaria con anterioridad a sus nombramientos? ¿Y el Defensor del Pueblo? ¿Por qué no se designa? Todas estas preguntas sobrevuelan la mente del autor.

Como si esto no fuera demasiado, cabe agregar la excesiva onerosidad y ánimo recaudatorio que nuestra Justicia posee, lo que excede el ámbito del Poder Judicial y llega hasta las reparticiones administrativas y… no tan administrativas; es que sin ir muy lejos, en San Luis el único diario autorizado para publicar edictos citatorios es El Diario de la República, actualmente bajo la propiedad de la familia Rodríguez Saá y que se encuentra dirigido por la hija de nuestro Sr. Gobernador. Dicho periódico en abuso de su situación monopólica cobra por el servicio antes mencionado hasta un 200% más en comparación con los medios autorizados para la misma función en las Provincias vecinas de Mendoza y San Juan. Además se niega a publicar los edictos en su edición digital, con lo cual obligan a comprar luego sus ejemplares en papel. ¿Dónde quedó la Era Digital?

A este coctel, se suma que en los dos temas con mayor sensibilidad de nuestra Justicia, como lo son los conflictos del fuero de Familia y Penal, contamos con Códigos de Procedimientos arcaicos, propios de otra época histórica. ¡Urge que dejemos la mirada inquisitiva en nuestra Justicia penal! Es necesario que nuestros fiscales pasen de ser simples opinantes a tener el rol protagónico que en la actualidad le acuerdan la mayoría de las legislaciones provinciales de Argentina. ¡Acá no liberan presos, porque nunca llegaron a encarcelarlos!

El Gobierno provincial ha hecho de la precarización laboral una política de estado y el Poder Judicial no escapa a esa constante. En los despachos de cada juzgado salta a simple vista la sobrecarga de funciones que tienen los pasantes, que lejos de aprender, terminan siendo el muro de contención entre los pedidos de los abogados y la sobrecarga de tareas de los jueces. Escasean los nombramientos de empleados en planta permanente. ¡Hasta muchos de los jueces están precarizados laboralmente!

El mal funcionamiento nos obliga a los abogados litigantes a estar trabajando por sobre cualquier carga horaria que consideren legalmente adecuada o a tener que buscar una segunda salida laboral. No contamos con caja jubilatoria, ni siquiera con derechos laborales mínimos como el de protección por embarazo. Los profesionales del derecho somos de los sectores más vulnerables ante esta Pandemia, sin que el Gobierno acuse cuenta de ello.

La mejor demostración de la falta de estabilidad del empleado público y la búsqueda de una segunda alternativa laboral para los abogados, encuentra su punto de unión en la cantidad de abogados que prestan sus servicios como contratados en la administración del ejecutivo provincial, sin saber cuándo ello por Hecho del Príncipe terminará.

La Justicia carece de estadística alguna. ¿Cuánto dura un proceso laboral en promedio? ¿Cuánto debiera durar? Imposible saberlo. ¿Cómo podremos mejorar así?

La sociedad ve a los profesionales del derecho como un mal que hay que soportar y no como un auxilio ante el conflicto, creen que somos los culpables de la lentitud y casi inercia de la Justicia, cuando amén de algunos personajes del fuero que hacen de la viveza criolla su estrategia de litigio, en el más de las veces somos completamente ajenos y víctimas de los problemas señalados.

Cabe rescatar, (a pesar de todas las críticas), el trabajo incansable y, en gran medida, insalubre que realizan muchos funcionarios y empleados del Poder Judicial, pues son ellos los responsables de que la estructura continúe en pie aún en tiempos de cuarentena.

La situación que nos atraviesa en la actualidad llegó para quedarse, por lo que hay que pensar en qué condiciones se brindará el servicio de justicia de acá a dos años como mínimo. Dejen de esquivar el problema o nos pasará por encima a todos.

Quien suscribe lleva tan sólo un año de ejercicio en el fuero y ha podido notar todas estas falencias que hieren de gravedad el servicio de justicia de la provincia y que se ponen en mayor evidencia en tiempos de cuarentena por COVID-19. ¿Cómo es que las autoridades y responsables no lo notan? ¿Es por temor o complicidad que callan? Me cuesta encontrar otra opción.-


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