16 de septiembre de 2024

Trata de personas: la policía Federal investiga a una ONG que trabaja con personas con adicciones

El día martes, efectivos de la Policía Federal de San Luis realizaron sendos procedimientos en el marco de una causa que investiga la trata de personas en distintos puntos del país.

De acuerdo a lo informado por medios locales, serían siete los domicilios allanados por personal de la fuerza de seguridad y que tendrían algún tipo de relación con Remar, la organización sin fines de lucro que, asegura dar ayuda comunitaria a las personas con problemas de adicciones y viven en condiciones precarias, a fin de que éstas puedan reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, el Ministerio Fiscal, no solo de San Luis, sino de otras jurisdicciones del país, tiene elementos para pensar que la agrupación no funcionaba como tal ONG, sino que explotaba a quienes decía ayudar para hacerse con la recaudación de dinero.

En ese marco, la Justicia investiga la posible comisión de delitos que podrían encuadrarse en la trata de personas, expresaron medios locales. Entre los domicilios que el personal policial allanó, bajo las directivas del fiscal federal Cristian Rachid, estuvieron: La Merced 2020 (donde funciona la sede de Remar), Italia y Aristóbulo del Valle, y una vivienda en el Suyuque.

Según se informó, la fuerza de seguridad habría realizado los procedimientos para conocer además cómo era manejado el dinero que los voluntarios de la ONG recaudaban a través de sus actividades. Los procedimientos se extendieron hasta la tarde pero los de este martes no serán los únicos. De acuerdo a la fuente judicial, hasta el viernes están previstos 39 allanamientos en todo el país, de los que ya «se concretaron la mitad». No es la primera vez que Remar se ve envuelta en un escándalo. La ONG que funciona en más de 70 países tuvo un problema en Río Cuarto en 2016, cuando dos de sus miembros, el pastor Pedro Martín Gómez y su colaboradora María Maite Varela Lorenzo, fueron denunciados y posteriormente imputados por “Trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral mediante amenazas, coerciones, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas”.

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