El juez Federal en San Luis, Juan Esteban Maqueda, a cargo de la investigación en la ONG Remar ordenó ampliar la intervención a fin de que los veedores garanticen que las víctimas no sean intimidadas ni objeto de represalias y puedan acceder a bienes y servicios esenciales.
La medida se da luego de los allanamientos realizados por la justicia la semana pasada, en donde se informó que al menos 498 personas fueron rescatadas de las distintas sedes en todo el país. La causa, investigada por el fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid y sus pares Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex, tiene a siete personas imputadas. Sobre ellas, pesa una prohibición para salir del país.
En los procedimientos, detectaron a decenas de menores de edad que por lo general estaban alojados con sus madres. Durante los allanamientos, ninguna de las mujeres aceptó ser externada de las sedes. Para esos casos, se dispuso el trabajo con equipos de asistencia en cada jurisdicción.
Remar es investigada por diferentes delitos, entre ellos, situaciones compatibles con reducción a la servidumbre, explotación laboral e irregularidades patrimoniales. La medida más reciente de Maqueda establece que los veedores designados en cada sede deben tomar contacto con el Punto Focal respectivo de cada provincia.
Esto tiene como objetivo trabajar en la situación de quienes pidieron ser rescatados y también para “relevar de manera urgente los casos de salud que requieran de atención”. “Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes en el ámbito de sus respectivas competencias y en función de la problemática que se verifique respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos”, fijó Maqueda.
Además, hizo énfasis en que restan personas por declarar y por eso es fundamental “garantizar que no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de los imputados u otros encargados de los lugares”. En el oficio N° 908, solicitó que los interventores den cuenta del “estado de situación de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se adopten o correspondiera adoptar”. Maqueda resaltó “la extrema vulnerabilidad de las personas relevadas en los distintos establecimientos allanados” en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
