El último edicto publicado, corresponde al llamado N° 27 de la Sociedad del Estado Ramón Carrillo, que preside María José Zanglá, para lavado, acondicionamiento y esterilización en el hospital.
Se trata de un contrato de $599.056.000 para dar lugar a un gasto de $200 millones mes solamente en ese servicio en el último trimestre de la actual administración. El oferente se conocerá el próximo 31 de agosto.
El descontrolado gasto público del Gobierno se aceleró después de perder las elecciones del 11-J que marcaron el final de Alberto Rodríguez Saá en la administración de la Provincia. En los últimos 60 días el nivel contrataciones en bienes, servicios y obras se multiplicó para alcanzar miles de millones de pesos que saldrán del Tesoro en los últimos seis meses. A ello se suma el monumental aumento del gasto en empleo público y político.
Las compras que están haciendo varios organismos provocaron una fuerte polémica por partida doble: por un lado se están haciendo compromisos fuera del presupuesto 2023 que condicionarán a la futura gestión y por el otro se cuestiona el uso de recursos en cosas que no representan una prioridad ni son urgentes. Desde el próximo Gobierno tienen en la mira los gastos en los que se han embarcado los funcionarios de Rodríguez Saá.
El gobernador electo, Claudio Poggi advirtió públicamente sobre las consecuencias de firmar adjudicaciones como la obra de ampliación del predio del Festival del Caldén en el cual se ha concebido un parque acuático. El mensaje estuvo dirigido a los funcionarios y a los empresarios. Este proyecto tiene un presupuesto de $2.500 millones.
Otra funcionaria que abrió el grifo fue la ministra y rectora de ULP, Alicia Bañuelos. En casi 30 licitaciones afectó $3.861.515.944,20 para repuestos, insumos, equipamiento, repuestos, traslados del personal, artículos electrónicos, tarjetas inteligentes, soluciones antivirus y mantenimiento.
