«Lo del ministro-candidato es un anuncio. No hay decreto, así que mandamos la facturación como teníamos. Hasta ahora no hay resolución oficial». De esa manera, las prepagas explicaron por qué los afiliados a las empresas están comenzando a recibir la factura correspondiente a setiembre con el incremento acordado del 7,18% con respecto al valor del Plan de Servicio vigente al 31 de este mes.
El domingo pasado, Sergio Massa incluyó entre los anuncios que hizo para «cuidar a las familias» después de la devaluación post PASO la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.
Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud. En febrero pasado, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.
Massa anunció la suspensión de subas por 90 días; aunque desde las prepagas señalan que aún no hay todavía nada publicado oficialmente.
Todo ese modelo, según el anuncio de Massa, queda suspendido. Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida. Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión «no tiene lógica» porque el resto de los costos siguen subiendo.
Entre las alternativas que analizan en reuniones permanentes desde el lunes, está la de judicializar la medida a cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país) a congelar los aranceles de los prestadores. Esa última opción fue rechaza por las cámaras del sector que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema.
Fuentes del sector de las prepagas reconocieron a este diario que, desde marzo, se registra «un corrimiento» a planes más bajos e incluso «abandonos» del sistema. Subrayaron que en ese mes se produjo un «hecho inédito: las altas fueron menores a los egresos; algo que no se daba desde la crisis del 2001″.
Desde entonces, los aumentos mensuales de las cuotas continuaron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno y, además, la inflación general fue subiendo y determinando que los consumidores prioricen determinados tipos de compromiso.
Si la suba de setiembre se realiza, en los primeros nueve meses del año las cuotas hubieran acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que llegaron las partes. En febrero pasado -después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara los aumentos de las prepagas- se modificó el esquema de instrumentación de los incrementos de las cuotas y pasaron a quienes perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil debieron completar una declaración jurada para que se le aplique un tope equivalente al 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
