El día martes, senadores del bloque Unidos Por San Luis publicaron un documento en el que manifiestan su “preocupación y rechazo” a la media sanción que recibió la ley que “autoriza ilegítimamente al Poder Ejecutivo Provincial a modificar el Presupuesto 2023 en el número de cargos públicos”.
El escrito que lleva la firma de legisladores Sergio Guardia y Adolfo Castro señala que la resolución que tuvo media sanción en la Cámara Alta, viola la Constitución ya que ésta prohíbe la delegación de facultades de un poder del Estado al otro (artículo 8 de nuestra Constitución) a fin de evitar el otorgamiento de la suma del poder público a una persona.
El Poder Legislativo es el encargado de sancionar el presupuesto público (cfr. inciso 4 del artículo 144 de la Constitución Provincial), instrumento que hace las veces de límite al Poder Ejecutivo para efectuar las contrataciones y ejecutar el gasto estatal (artículo 34 de la Ley de Contabilidad Provincial). En el caso, la decisión adoptada coloca al propio gobernador como el responsable facultado para auto establecerse un límite al gasto que él mismo ejecutará”.
Los senadores advirtieron que el proyecto de ley aprobado por el bloque oficialista “colisiona con las disposiciones del artículo 92 de la Constitución que prohíbe la sanción de leyes que no indiquen expresamente sus fuentes de financiamiento”.
En ese contexto los senadores opositores expusieron que se están presencia de “una irresponsabilidad fiscal sin antecedentes puesto que se autorizaron aumentos de gastos sin los fondos suficientes para poder afrontarlos poniendo en riesgo y comprometiendo el erario público que, como es sabido, se encuentra en una delicada situación resultado de un déficit sistemático y crónico registrado en los últimos años”
El documento:
GRAVEDAD INSTITUCIONAL, IRRESPONSABILIDAD FISCAL Y ENCUBRIMIENTO DELICTIVO
Los senadores del Bloque Unidos por San Luis expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo a la reciente media sanción legislativa que autoriza ilegítimamente al Poder Ejecutivo Provincial a modificar el presupuesto 2023 en el número de cargos públicos.
Dicha resolución viola nuestra Constitución que prohíbe la delegación de facultades de un poder del Estado al otro (art. 8 de nuestra Constitución) a fin de evitar el otorgamiento de la suma del poder público a una persona. El Poder Legislativo es el encargado de sancionar el presupuesto público (cfr. inc. 4 del art. 144 de la Constitución Provincial), instrumento que hace las veces de límite al Poder Ejecutivo para efectuar las contrataciones y ejecutar el gasto estatal (art. 34 de la Ley de Contabilidad Provincial). En el caso, la decisión adoptada coloca al propio Gobernador como el responsable facultado para auto establecerse un límite al gasto que él mismo ejecutará.
Además, la iniciativa colisiona con las disposiciones del art. 92 de la Constitución que prohíbe la sanción de leyes que no indiquen expresamente sus fuentes de financiamiento.
Lo anterior reviste una irresponsabilidad fiscal sin antecedentes puesto que se autorizaron aumentos de gastos sin los fondos suficientes para poder afrontarlos poniendo en riesgo y comprometiendo el erario público que, como es sabido, se encuentra en una delicada situación resultado de un déficit sistemático y crónico registrado en los últimos años.
Asimismo, la pretensión del Poder Ejecutivo es –por lo menos– incongruente e inconsistente con el proyecto de presupuesto para el año 2024 en donde se fija un total de cargos que –para el mismo administrador– es suficiente para hacer frente a los servicios estatales, pero fundamentalmente, es la cantidad de cargos máxima que pueden afrontarse con los recursos que estarán disponibles. De esta manera, y en caso de aprobarse cargos por encima de lo previsto presupuestariamente para el 2024, no habrá fondos para hacer frente a los salarios de docentes, médicos, policías, entre otros, ni tampoco para otorgar aumentos para la planta de personal existente, poniéndose en riesgo las prestaciones de los servicios públicos esenciales del Estado.
Finalmente, la maniobra del Poder Ejecutivo que promueve la sanción legislativa no es sino una manera de intentar encubrir y pretender subsanar la comisión de delitos efectuados por ministros y funcionarios públicos consistentes en la ilegal suscripción de contratos sin la correspondiente previsión presupuestaria y con una finalidad estrictamente proselitista.
Expresamos nuestra más profunda preocupación y ponemos en conocimiento de la opinión pública, la gravedad institucional en que se encuentra la provincia de San Luis en caso que la Cámara de Diputados apruebe la Ley, tal cual fue girada en el día de la fecha por el Senado.
