La Corte Suprema de Justicia cesó en sus funciones a la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien se negaba a dejar el cargo pese a que había cumplido los 75 años de edad, límite establecido por la Constitución Nacional, y no había conseguido un nuevo acuerdo del Senado para extender su mandato.
El máximo tribunal abordó esta tarde la situación irregular de la magistrada y declaró que desde el 9 de agosto pasado, cuando cumplió los 75, ya no es más jueza. Figueroa contaba con el apoyo del kirchnerismo.
La Corte tomó la decisión con la firma de los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Dispuso: “Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional”. Además, resolvió notificar al Consejo de la Magistratura de lo resuelto “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”. En otras palabras, se lo comunicó para que convoque a un concurso para cubrir la nueva vacante o para que sume la vacante al concurso ya abierto por las jubilaciones de los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci.
La decisión de la Corte llegó esta tarde, en momentos en que todos los jueces de la Cámara de Casación estaban reunidos en un acuerdo extraordinario que otra vez transcurrió en medio de ácidos comentarios entre los magistrados y donde Figueroa había llegado a decir que, si no se resolvía su acuerdo en el Senado en 30 días, estaba dispuesta a renunciar. En esa reunión, que sorpresivamente pasó a un cuarto intermedio a las 15, había consenso para que Figueroa dejara la presidencia de la Casación y se nombrara a un juez suplente en su vocalía, pero había dos posiciones sobre los motivos: una, la daba por cesada y la otra, sugería que se tomara una licencia extraordinaria.
Los jueces retomaron la reunión pasadas las 17 y decidieron nombrar a Mariano Borinsky como presidente interino hasta fin de año (en lugar de Figueroa), a Daniel Petrone y a Diego Barroetaveña como vicepresidentes, y a los jueces Alejandro Slokar como suplente en la vocalía de Figueroa y a Gustavo Hornos como suplente de Juan Carlos Gemignani, que está de licencia por un año.
En el lapso en que estuvieron reunidos esta tarde, Figueroa volvió a dar marcha atrás con lo que había dicho ayer. Ahora evaluaba tomarse una licencia ordinaria, por días de vacaciones que le adeudaban. La idea era hacer tiempo. Pero esa solución era inaceptable para sus colegas porque no podían nombrar a un suplente.
En el acuerdo, volvieron los comentarios subidos de tono, esta vez del juez Carlos Mahiques que reclamaba que la jueza debía dejar su cargo. Estuvieron ausentes los jueces Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, ambos de licencia.
Con la salida de la jueza la Casación queda con tres vocantes permanentes y una temporaria: la de Riggi, la de Catucci y la de Figueroa por un lado, y la de Geminani que se tomó un año por estudios en España. Las vacantes serán cubiertas por sus colegas de manera provisoria y las tres primeras serán cubiertas de manera definitiva cuando concluya el concurso. Ya se tomaron exámenes a los candidatos, pero y a pesar de los meses que transcurrieron, el examen escrito del concurso todavía no fue corregido y no se conoce orden de mérito de los candidatos.
Los jueces se fueron de Tribunales en el cuarto intermedio y cayó la acordada de la Corte solucionando lo que ellos no habían podido hacer desde el 9 de agosto pasado, cuando Figueroa cumplió años. Algunos de los jueces al parecer contaban con información privilegiada de lo que iba a resolver a la Corte, porque consintieron el cuarto intermedio, aún cuando podían votar a imponer su mayoría para dejarla cesante.
Figueroa era una jueza afín al kirchenrismo, denunciante de las “presiones del macrismo” sobre la Justica, que no se privaba de argumentar que había una persecución contra la vicepresidenta producto del “lawfare”. La jueza votaba en consonancia con los intereses de Cristina Kirchner en las causas en las que tuvo que opinar. Por ejemplo, se opuso a convalidar las declaraciones de los “arrepentidos” en el caso de los cuadernos de las coimas, que admitieron haber pagado y cobrado sobornos.
No llegó a pronunciarse en el caso Hotesur-Los Sauces. Fuentes judiciales relataron que ella escribió un voto, pero no se conoció porque cumplió 75 años sin que se firmara el fallo, que sigue pendiente.
El último intento de Figueroa por aferrarse al cargo lo había protagonizado este martes, cuando dijo que analizaba pedir una licencia extraordinaria a la Corte Suprema por 30 días, sin goce de sueldo, con la intención de que, en ese tiempo, el Senado le diera un nuevo acuerdo para quedarse en el cargo cinco años más. Pero finalmente nunca pidió esa licencia.
La Corte Suprema, no obstante, tomó una decisión de fondo y cesó en sus funciones a la magistrada.
En los fundamentos de su resolución señaló que la jueza cumplió 75 años el 9 de agosto, que sus colegas le informaron a la Corte que “habría cesado en sus funciones” y que no tuvo un nuevo acuerdo del Senado.
La Corte aprovechó esta acordada para reglamentar que los jueces cesan en sus cargos el día que cumplen 75 años. Y la única manera que sigan por cinco años es que ese nuevo nombramiento -con acuerdo del Senado y decreto presidencial- sea anterior a la fecha del cumpleaños número 75.
“El nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, dijo la Corte.
“De acuerdo con todo lo anterior -afirmó el máximo tribunal-, la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.
La situación de Figueroa se había vuelto insostenible para la mayoría de sus colegas. Figueroa había atravesado la instancia de las entrevistas en la Cámara alta y su continuidad recibió un dictamen favorable de comisión. Pero el oficialismo no reunió los votos para aprobar la extensión y fracasó dos veces en convocar a una sesión.
El 8 de agosto, en un acuerdo con sus pares de la Casación, Figueroa les dijo a sus colegas que dejaba la presidencia en manos de su entonces vicepresidente, Mariano Borinsky, y que dejaba de firmar sentencias. Se firmó un acta. Pero en la reunión de este martes decidió dar marcha atrás.
La jueza le echó la culpa al secretario que había tomado nota en la reunión del 8 de agosto: dijo que fue malinterpretada y que ella seguía siendo la presidenta de la Casación. De hecho, en la reunión de este martes ocupó la cabecera de la mesa, donde se ubica el presidente. Borinsky no se la disputó.
El acuerdo general de este martes fue áspero y sorpresivo. Borinsky dio de baja una licencia que había tomado y convocó a sus colegas que forzaron la reunión.
En la Cámara de Casación existían posiciones contrapuestas en torno a la continuidad de la magistrada. Su más enfático defensor fue el juez Slokar, que entendía que Figueroa podía seguir en el cargo, a la espera de que el Senado le otorgara un nuevo acuerdo, ya que el trámite para conseguirlo estaba en desarrollo.
De hecho, este martes Slokar defendió a la magistrada y dijo que en al Casación había “jueces usurpadores”. No dio nombres, pero Carlos Mahiques se sintió aludido, ya que llegó a la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal, trasladado desde la Cámara Nacional de Casación. Se puso de pie amenazando con irse, pero al final el conflicto no pasó a mayores.
El Ministerio de Justicia, con la firma del viceministro de Juan Martín Mena, le había pedido por oficio a la Corte y al Consejo de la Magistratura que no removiera a Figueroa porque estaba en proceso la extensión de su mandato.
La reunión empezó con reclamos de Guillermo Yacobucci, el más duro entre los jueces, que demandó claridad frente a la situación de Figueroa. Diego Barroetaveña y Daniel Petrone también cuestionaron lo que estaba pasando.
Le reclamaban a Figueroa que se debía nombrar un subrogante para su vocalía, un eufemismo para sostener que no era más jueza. “¿Tengo que dejar el escritorio?”, preguntó Figueroa, y nadie respondió.
Gustavo Hornos dijo que la Constitución preveía que los jueces deben dejar su función a los 75 años, dando a entender que el cargo de Figueroa había expirado. Javier Carbajo, que antes de ser juez de Casación fue secretario de la Cámara, estaba indignado porque no podía creer cómo Figueroa se desdecía de lo que había dicho en el último acuerdo y le echaba la culpa al secretario de no haber tomado nota debidamente.
A la hora de opinar, estuvo a favor de la licencia extraordinaria porque destrababa el problema y apoyó que se convocara a un cuarto intermedio; entre otras razones, porque tenía un estudio médico programado y llegaba tarde.
Figueroa se defendió: dijo que su situación era “inusual”, que estaba esperando acuerdo del Senado y que se trataba de un ataque a su persona por su condición de mujer. Slokar se alineó con su reclamo y fue quien tendió el “puente de plata” de la licencia extraordinaria como para encontrar una salida.
Quedó solo con el auxilio de Borinsky, Carbajo y Hornos, que consintió. La jueza Ángela Ledesma está de licencia, al igual que el juez Juan Carlos Gemignani, por lo que no participaron del acuerdo extraordinario.
Una licencia ordinaria, que era la otra opción, implicaba que la jueza se tomara días de vacaciones no gozados, pero no se podía nombrar a un subrogante en su lugar. De hecho, en la Cámara no se realizan sorteos para que no caiga la bolilla de la vocalía 10 de Figueroa, porque ella misma se autoexcluyó como jueza para votar. La sugerencia de la licencia extraordinaria no conformó al ala dura de la Casación, que pretendía que se sorteara un suplente para la vacante dando a entender que la jueza había cesado en sus funciones. “Es extraordinario lo que imaginan algunos colegas”, se quejó un juez disconforme con la solución encontrada.
