El Presidente rubricó este martes la decisión luego de que el Senado, la semana pasada, votara por la continuidad de la magistrada que ocupaba una silla en la Cámara de Casación.
Vale recordar que el jueves de la semana pasada y tras un doble empate en la votación, Claudia Ledesma Abdala —Presidenta provisional de la Cámara— fue quien definió para que el Senado aprobara el pliego de Ana María Figueroa. Con 70 senadores en sus bancas, el resultado de la votación fue de 35 a 35 —dos veces—. Ante esto, por reglamento tuvo que desempatar la santiagueña, que presidía la sesión ante la ausencia de Cristina Kirchner.
El primero de los temas que se trataron en el Congreso aquel día de la última semana fueron los pliegos judiciales, que incluyó el de Figueroa, la ex jueza de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia que la Corte Suprema de Justicia definió que se debía jubilar el pasado 9 de agosto cuando cumplió los 75 años de edad.
Desde abril que el interbloque del Frente de Todos quería avanzar con este pliego. La idea del kirchnerismo era aprobarlo antes de que la magistrada cumpliera los 75 años, pero Juntos por el Cambio logró bloquear las sesiones. Meses más tarde, el oficialismo logró sumar a otros bloques, obtuvo el quórum y avanzó, aún después de que la Corte ya había firmado por unanimidad que la magistrada se tenía que jubilar.
Tras la votación de una continuidad de Figuero en el Senado, todavía faltaba un paso clave para considerar que volvía a ser nombrada jueza: el decreto del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial. “Falta la firma del presidente de la Nación. No sé qué va a pasar”, había deslizado el senador del Frente de Todos José Mayans, en medio de su defensa a la votación del pliego. Recién cuando aparezca en el Boletín Oficial se podrá decir que se completó el acto de nombramiento. Mientras tanto, el Presidente de la Nación procedió hoy al primer paso de este proceso: la firma del pliego de la magistrada.
Es importante señalar también que a principios de septiembre, Figueroa había dejado su cargo en la Cámara Federal de Casación luego de que así lo ordenara la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal definió el cese de sus funciones al tener en cuenta que el 9 de agosto último cumpliera 75 años de edad, el límite que fija la Constitución Nacional. Poco después de haberse conocido la noticia, Casación resolvió quién subrogaría la vocalía 10, el lugar de Figueroa: por sorteo, la suerte decidió que fuera Alejandro Walter Slokar, el principal aliado de la jueza desplazada.
Figueroa era una jueza clave para la política. Ocurre que tenía que resolver los expedientes “Los Sauces – Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Justamente —tras la salida de la jueza— la Sala I de Casación resolvió reabrir ambas causas. Son dods expedientes que se habían cerrado en 2021 en los dos tribunales orales que tenían que hacer el juicio diciendo que no había delito. Apelaciones mediante, Casación, resolvió avanzar hacia juicio oral para que se resolviera allí.
Tras el cese de actividades de Figueroa notificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a principios de septiembre también se resolvió que la presidencia de la Cámara Federal de Casación queda en manos de Mariano Borinsky, la vicepresidencia de Daniel Petrone y la segunda presidencia de Diego Barroetaveña.
En este escenario judicial y tras la definición de Casación respecto a la reapertura de las dos causas citadas, la vicepresidenta de la Nación pidió ayer que se declaren nulos los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron sus sobreseimientos y ordenaron que se hagan los juicios orales en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La defensa de la ex presidenta planteó, entre otros argumentos, que las resoluciones fueron dictadas justamente sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que fue cesanteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por llegar a los 75 años —la edad máxima que establece la Constitución Nacional— sin contar con un nuevo acuerdo del Senado, que lo obtuvo la semana pasada.
El oficialismo en el Senado votó por el regreso de Figueroa y el presidente Alberto Fernández lo convalidó. La decisión sobre las apelaciones de los implicados en la causa del Memorádum será revisada por la Corte Suprema. El procurador del Tesoro Carlos Zannini está pidiendo el apartamiento de sus integrantes.
