El Consejo de la Magistratura dejó de considerar jueza a Ana María Figueroa, al considerar que ya no debe integrar la lista de jurados en los concursos con la categoría de “docentes magistrados”, sino sólo como “docente de Derecho Constitucional”.
La definición, aunque sutil, cobra significado porque fue avalada este miércoles en el plenario de consejeros integrado también por los referentes del kirchnerismo, que el jueves pasado impulsó en el Senado la continuidad por cinco años de Figueroa como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, a contramano de lo que había decidido la Corte Suprema en septiembre, que consideró que la jueza había cesado en su cargo cuando cumplió 75 años, el 9 de agosto pasado.
El plenario aprobó el dictamen 8/23 de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, firmado el 13 de septiembre pasado. Allí se tomó por válida la resolución de la Corte que cesó a Figueroa y, por tanto, se resolvió: “Que la doctora Figueroa forma parte de la Lista de Jurados en su carácter de profesora de la Universidad Nacional de Rosario y, en consecuencia, se debe adecuar la nómina para que la doctora Figueroa deje de integrar la categoría “docentes magistrados”, según su nueva situación, y sólo se mantenga por su condición de “docente de Derecho Constitucional”.
Ese dictamen fue aprobado por firmado los tres consejeros kirchneristas que integran la Comisión de Selección: el abogado Héctor Recalde, la diputada Vanesa Siley y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. También firmaron el anexo, dedicado específicamente a Figueroa, en este caso con el juez Alberto Lugones, de buena sintonía con el oficialismo. El dictamen lleva la firma, además, de los consejeros Diego Barroetaveña, María Fernanda Vázquez, Miguel Piedecasas, Roxana Reyes, Hugo Galderisi y María Alejandra Provítola.
Por ese entonces, el kirchnerismo había fracasado en dos oportunidades para aprobar en el Senado la continuidad de Figueroa por cinco años más y la entonces camarista ya había cumplido 75 años (en agosto), plazo límite fijado por la Constitución Nacional. Recién el jueves pasado el oficialismo logró reunir el quorum y aprobó su pliego, decisión que fue convalidada este martes por un decreto de Alberto Fernández, que designó nuevamente a la jueza.
Ese decreto debe ser remitido al Consejo de la Magistratura, donde debería darse por hecho que los representantes del kirchnerismo avalarán los actos del Senado y la Casa Rosada por sobre la resolución administrativa de la Corte Suprema. Por eso es que llama la atención que este martes hayan convalidado el dictamen que deja de considerar a Figueroa como magistrada para participar como jurado en los concursos, para recategorizarla como docente universitaria.
“Se aprobó la modificación para que Figueroa actúe como docente. No la sacaron [del concurso]. Sigue siendo jurado docente”, señaló uno de los consejeros que participó en el plenario.
La sutileza de la recategorización -¿y el descuido oficialista?- toman envergadura, además, en el frente judicial de Cristina Kirchner. Sucede que, según advirtieron jueces de la Casación, el decreto presidencial que puso en funciones nuevamente a Figueroa lo hizo a partir del 9 de agosto pasado, de modo de dar un argumento más a la vicepresidenta en su defensa judicial. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, dispuso el 18 de septiembre reabrir los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán para juzgar a la vicepresidenta en un juicio oral y público. Cristina Kirchner apeló y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que en ese fallo que ordenó reabrir la causa Hotesur/Los Sauces faltó un voto: que se violó el principio del juez natural porque no dejaron votar a Figueroa.
