En la sesión de Diputados de este miércoles, tomó estado legislativo un pedido de informe del bloque Unidos por San Luis que busca conocer por intermedio de la Contaduría General de la Provincia la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el inventario del Estado.
“Desde la derrota en las elecciones del 11 de junio hemos observado que sistemáticamente el gobernador de la provincia (Alberto Rodríguez Saá) y sus funcionarios están haciendo acciones para dejar a esta provincia sin fondos”, explicó la autora de la iniciativa, la presidenta del bloque, Eugenia Gallardo en declaraciones a El Chorrillero.
La diputada dio a conocer que “en algunos sitios se guardan vehículos nuevos listos para el desguace y están realizando compras de equipamiento informático a tan solo un mes de terminar la gestión”.
El pedido está dirigido a la Contaduría General de la Provincia porque la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público determina que es el organismo rector de todo el sistema de contabilidad del sector público provincial.
Esta norma le asigna la competencia de confeccionar el estado patrimonial de la administración central y ejerce la función de auditoría interna.
“Requerimos que se indique con certeza sobre el estado del inventario de la Provincia, sobre las compras con número de expediente, que den a conocer cuál fue el sistema de compra que se ha utilizado y que se realizaron desde el primero de junio a la fecha. Además, la modalidad de contratación, cómo se adjudicaron, el detalle de todo lo que hace referencia a los bienes muebles del Estado provincial”, indicó la presidenta del bloque Unidos por San Luis.
A su vez, tuvo en cuenta que de acuerdo al Artículo N°9 de la Constitución provincial, todos los actos del Gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo que la ley determina, garantizando su plena difusión en especial aquellas relacionadas con la percepción, gastos, e inversiones de la renta pública y toda enajenación o afectación de bienes del estado provincial.
Advirtió que la violación a esta norma produce la nulidad absoluta del acto administrativo, sin prejuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales.
El proyecto pasó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas.
Estos son los puntos que quieren conocer:
1)Detalle la situación de registro de bienes inmuebles y del inventario general de la provincia.
2)Decretos modificatorios del Presupuesto en el que se ampliaron las partidas presupuestarias para la imputación de los gastos, identificado el expediente administrativo donde tramitó y acompañado por copias de todas las actuaciones.
3)Detalle de los boletines oficiales mediante los cuales se publicaron los procesos de compras.
4)Modalidad de contrataciones seguidas para la adjudicación de dichas adquisiciones.
5)Decreto que homologa los contratos a través de los cuales se realizaron las adquisiciones de bienes e inmuebles.
6)Detalle pormenorizado de las facturas de compra respectivas.
Con información de El Chorrillero.
