La Pampa, enviado especial.- El juicio contra la jueza de La Pampa Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Alejandra Catán ingresa en su etapa final. Las funcionarias están acusadas de mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado por su madre y la pareja de ella en noviembre de 2021.
Luego de que 33 testigos declararan a lo largo de las cuatro primeras jornadas, el debate se reanudará este martes con un careo y los alegatos de cierre.
La audiencia comenzará a las 8.30 en la Legislatura de Santa Rosa. En primer lugar, se realizará un careo entre el abuelo paterno de Lucio y la abogada Adriana Mascaró, quien representó a los Dupuy cuando se firmó el acuerdo de cuidado personal entre la tía política Leticia Hidalgo y la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, para que volviera a tener a su hijo.
Ramón Dupuy y la letrada intentarán clarificar algunas discrepancias que surgieron en sus declaraciones en el inicio del juicio. Aquella vez, el abuelo manifestó: “A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (Dupuy)… Todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas Mascaró se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.
La abogada, en cambio, al ser interrogada sobre ese punto, aseguró: “Jamás me entregaron eso… Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo”. También negó que haya expresado que no podían ir contra la madre. “Solo recibí una foto, que me mandó Leticia, porque la mamá le había hecho a Lucio un corte de pelo raro. Pero eso no era para sospechar sobre una situación de riesgo”, insistió.
Superado ese procedimiento, seguirán los alegatos. De un lado está el procurador general subrogante, Guillermo Sancho –reemplazó al titular, Mario Bongianino, quien se excusó después de ser recusado por Catán–. Del otro, el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, y la defensora general Carina Ganuza junto a la defensora oficial Ana Carolina Díaz, en representación de Catán.
Cabe recordar que en la apertura del debate la Procuración le objetó a Pérez Ballester y Catán, entre otras conductas, “no haber escuchado la opinión de Lucio y no haber citado ni recabado la opinión del padre y de la madre” durante el trámite de ambos expedientes.
“No se escuchó al niño pese a que (en ese momento) era aún más importante, ya que Lucio tenía cuatro años, y se avizoraba una conflictividad familiar, aunque no hubiera indicadores de violencia”, sostuvo Sancho respecto del momento en que se decidió que la tenencia del menor quedara definitivamente a cargo de Espósito Valenti, allá por noviembre de 2020.
En contraposición, el defensor de Pérez Ballester aseguró que “a homologación del convenio de cuidado personal se produjo un año antes de la muerte y en ese momento no había indicadores de violencia”.
“La jueza no entregó el niño a la madre, sino que eso ocurrió por fuera de la intervención del juzgado. El traspaso se produjo el 31 de julio de 2020 y Pérez Ballester recibió el expediente de cuidado personal el 3 de septiembre. O sea que a Lucio lo entregaron por fuera del tribunal y en el marco familiar y luego esa decisión fue ratificada, explicándose los motivos por los cuales seguiría viviendo con la madre. No era un proceso controvertido porque no existían dos o más reclamos en pugna”, añadió Rodríguez Salto.
Por su parte, la defensa de Catán dijo que la acusación de no haber escuchado a Lucio “no estuvo fundada” porque la Procuración citó una ley equivocada y otra que fue derogada y afirmó que “el papá estaba en conocimiento y consintió la tutela”.
Sobre el legajo del cuidado personal, Díaz también sostuvo que no había indicadores de violencia. “Tampoco hubo vulneración de derechos (del niño) porque hubo una tía que se había encargado de él, una mama que pedía a su hijo y un papá que daba su conformidad. O sea, no existió un conflicto de intereses a pesar que la Procuración buscó generarlo”, agregó.
Una vez concluidos los alegatos, se pasará a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo, cuando se dará a conocer el veredicto.
El jurado que lleva adelante el debate está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, quien fueron designadas a través de un sorteo.
