Cristina Kirchner decidió este miércoles mover las fichas de su estrategia ante la Cámara Federal de Casación Penal que ya comenzó a revisar su condena a seis años de prisión por corrupción: la defensa de la ex presidenta pidió este miércoles apartar al fiscal Mario Villar que, el lunes pasado, había pedido agravar su sentencia y condenarla a 12 años de prisión por asociación ilícita, revelaron a Infobae fuentes judiciales. También reclamó recusar al juez Diego Barroetaveña, quien junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky están a cargo del tribunal de revisar la causa por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Según el escrito, al que accedió Infobae, la defensa sostuvo que existen “circunstancias objetivas” que ponen en crisis la objetividad del fiscal y la imparcialidad de Barroetaveña. Y, en ese contexto, reclamó suspender las audiencias que ya están en marcha para resolver sobre si se confirma, se revoca o se modifica la sentencia contra CFK, Lázaro Báez y el resto de los ex funcionarios investigados. “A fin de evitar posibles nulidades, respetuosamente solicitamos que se suspendan las audiencias fijadas en autos en los términos previstos en el art. 465 in fine del CPPN, hasta tanto el presente planteo sea resuelto por sentencia firme”, se sostuvo.
El eje de la discusión es cuántas asociaciones ilícitas integró Cristina Kirchner, sostuvo la defensa, al denunciar que el Ministerio Público Fiscal abrazó “posiciones acusatorias inconsistentes, por resultar contrarias a sus propios acto”. Ante esto, expuso los diferentes criterios que se tuvieron en la causa Vialidad y en la causa Hotesur-Los Sauces.
A lo largo de 18 páginas, la defensa repasó que “Cristina Fernández de Kirchner ha sido imputada en orden al presunto delito de asociación ilícita en diversos expedientes en trámite por ante este fuero federal”, como la causa “Vialidad” y las causas conocidas como “Hotesur” y “Los Sauces”. “A raíz de esta situación, en todos estos procesos se generaron incidencias en las cuales se debatió, por un lado, si la declamada asociación ilícita habría sido una sola o si se trataría de dos supuestas bandas distintas e independientes y, por el otro, si se verificaba o no una situación de litispendencia, a raíz de la multiplicación de una misma imputación”, agregaron.
Beraldi recordó el sobreseimiento en la causa Hotesur-Los Sauces en 2021 dictado por mayoría por parte del Tribunal Oral Federal 5. Y también la apelación del Ministerio Público en donde intervino Mario Villar, respaldando a la postura del fiscal del juicio, Diego Velasco. El sobreseimiento fue revocado el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes ordenaron llevar adelante el juicio oral que había quedado suspendido.
En otra parte de sus fundamentos, la defensa también recordó que el 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó por mayoría a Cristina Kirchner en orden al delito de defraudación en contra de la administración pública y la absolvió por el delito de asociación ilícita, por el cual también fuera acusada. Y allí se sostuvo que la fiscalía no había logrado acreditar dos de los presupuestos objetivos de la figura tipificada por el art. 210 del Código Penal: la existencia de una pluralidad indeterminada de planes delictivos y de un acuerdo de voluntades entre tres o más personas.
Pero, subrayó Beraldi, al momento de fundar sus agravios, “los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que a su juicio Cristina Fernández de Kirchner habría liderado una única banda criminal, constituida en el año 2003 para cometer reiteradas defraudaciones en torno a la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz y sucesivas maniobras de lavado de activos, investigadas en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces”. De hecho, en la audiencia del lunes pasado, añadió, la fiscalía sostuvo que en la causa Vialidad “solo existió una única asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner, con objeto múltiple (defraudar al Estado y lavar activos)”.
“Lejos de obrar en forma objetiva, el fiscal Mario Villar ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance en contra de la ex Presidenta de la Nación. Así, por un lado, a efectos de revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 5 en el marco de las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente, para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal liderada por Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, la actuación autocontradictoria llevada a cabo por el Dr. Villar, siempre para esgrimir pretensiones punitivas en contra de nuestra representada, permite cuanto menos poner seriamente en duda su objetividad en el caso, situación que da sobrado fundamento a la petición de apartamiento postulada”, sentenció Beraldi.
La defensa de CFK también pidió apartar al juez Barroetaveña. “El magistrado ya ha emitido opinión en otro expediente en torno a los extremos fácticos y jurídicos que dan sustento al agravio introducido por la fiscalía; tal situación coloca al citado juez en una clara y lamentable posición de prejuzgamiento”, argumentó.
El cuestionamiento es, precisamente, el fallo de Casacion que revocó el sobresimiento en Hotesur y Los Sauces. “Más allá de la línea argumental desarrollada por los magistrados, lo cierto es que al haber revocado aquel sobreseimiento, dejando subsistente la imputación por el delito de lavado de activos, los jueces habilitaron a que la fiscalía, como teoría del caso, pueda seguir sosteniendo que la asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner también tuvo como propósito llevar a cabo maniobras de blanqueo de capitales”, se afirmó.
Según sostuvo, “el juez Barroetaveña -junto a su colega- fijó una posición que reconoce la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios”.
“Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida en el art. 55 inc. 10 del CPPN, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia”, completó.
“No podemos dejar de señalar que ante una situación sustancialmente análoga, en el marco de este mismo proceso el Dr. Javier Carbajo decidió presentar su excusación, la cual fue aceptada por sus colegas, en el entendimiento de que de lo contrario se vulneraría la garantía del juez imparcial”, añadió la defensa, al recordar que ese magistrado decidió apartarse de intervenir en en esta causa. Fue luego de haber dicho que el dinero que se lavó en la causa ruta del dinero k provenía de la corrupción de la obra pública.
Para defensa, “las circunstancias descriptas satisfacen holgadamente el estándar de temor objetivo de parcialidad” por lo que, dijo, “corresponde y solicitamos que se haga lugar al presente planteo de recusación”. A la espera de los informes que respondan el fiscal y el juez Barroetaveña sobre las recusaciones pedidas, el planteo estaba siendo analizado por los jueces de la Sala IV de Casación, que ya tenían fijado para mañana para comenzar a escuchar a las defensas de ex funcionarios condenados en la causa Vialidad.
