La Justicia Federal avanzó en una investigación por lavado de dinero en perjuicio al pueblo ranquel. Esto nace a partir de una nueva denuncia que radicó el Fiscal de Estado, Víctor Endeiza en ese fuero. La primera, por fraude, se hizo a pocos días de asumir Claudio Poggi como gobernador, y tramita en la Justicia provincial.
La nueva gestión detectó irregularidades y movimientos por cientos de millones de pesos durante el anterior Gobierno. Fue descripto por Poggi como “un hecho de corrupción violatorio de los derechos humanos de los pueblos originarios”.
En concreto se expuso que el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h) junto al ex senador y ex ministro de Producción, Sergio Freixes y su secretaria privada Sofia Aguilera se hicieron nombrar lonkos del pueblo ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. De este modo quedaron como “responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y su tierra”.
Esta mañana se hicieron simultáneamente cuatro allanamientos ordenados por el fiscal Cristian Rachid, dos en la ciudad de San Luis, uno en Buena Esperanza y uno en Nueva Galia, donde participaron Gendarmería, Policía Federal y AFIP. Por el momento, es para la Justicia Federal una etapa de reunir información para confirmar la existencia de un delito federal, y posteriormente las personas que podrían ser imputadas.
En la denuncia original que hizo Endeiza “se da cuenta que desde el año 2017 es Sergio Freixes quien administra todos los negocios de la comunidad ranquel”.
Entre otras cuestiones advirtieron que entre marzo de 2022 y julio de 2023 las cuentas que manejó Freixes “tuvieron un movimiento de dinero que ascendió a $283.399.813”. Esos recursos ahora “son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera ante la sospecha de lavado de dinero”, dijo Poggi en su momento.
Cuatro días antes de que termine el Gobierno de Rodríguez Saá, los lonkos Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá (h), se hicieron transferir un Aporte del Tesoro Provincial por $50 millones.
Fuente: El Chorrillero.
