Este martes, el Senado provincial aprobó la derogación de la Ley de Parajes, una normativa sancionada en 2020 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá que permitía que personas condenadas pudieran obtener una especie de ‘libertad anticipada’ para desarrollar proyectos productivos y económicos en el interior de la provincia sin el adecuado control de la Justicia. El proyecto había sido enviado a la Legislatura por el Ejecutivo, argumentando que la Ley chocaba de manera flagrante con la normativa nacional y desdibujaba la figura del juez de ejecución penal. Además, estaba claramente pensada para favorecer a ciertas personas que habían tenido un accionar poco claro, protegidos por el gobierno anterior.
El senador provincial por Pedernera, Adolfo Castro Luna, subrayó la inconstitucionalidad de esta ley, que contradice la legislación nacional que regula los regímenes de libertad condicional y asistida. “Debilita la función esencial del juez de ejecución penal y transfiere competencias exclusivas del Gobierno nacional a funcionarios provinciales, lo que crea un sistema donde el control judicial es mínimo o inexistente”, afirmó.
El legislador señaló que la Ley de Parajes ignoraba la opinión de las comunidades afectadas, validando los proyectos productivos únicamente con la participación de un morador del paraje, sin considerar a todos los habitantes. Esto, según Castro Luna, podía generar tensiones y conflictos en la sociedad, además de poner en peligro la seguridad de los sanluiseños.
El senador remarcó también que la aplicación de esta ley sin un adecuado control judicial abría la puerta a la impunidad y generaba un doble agravio: por un lado, el causado por el delito en sí mismo, y por otro, el que resulta de la frustración y la impotencia ante la falta de sanción, afectando seriamente la percepción de seguridad y justicia en la sociedad.
“La seguridad y la justicia no pueden estar sujetas a experimentos legislativos que socavan el marco jurídico nacional y ponen en riesgo a nuestros ciudadanos. La existencia de un sistema judicial eficaz y confiable es crucial para mantener la paz social y fortalecer la confianza en las instituciones del Estado”, finalizó Castro Luna.
La derogación de esta Ley se enmarca dentro de uno de los ejes principales del gobierno de Claudio Poggi: la lucha contra la inseguridad. Con esta abrogación, la Provincia busca fortalecer el sistema penal y garantizar que las condenas sean cumplidas bajo el estricto control judicial, conforme a la normativa nacional y la Constitución. Además, con la eliminación de esta norma, se evita que en el futuro se repitan situaciones donde los condenados puedan evadir el cumplimiento de sus penas sin pasar por el debido proceso judicial.
Fuente: Agencia de Noticias.
