Lo decidió por unanimidad el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, en una reunión llevada a cabo en Rosario. Será el 21 y 22 de noviembre de este año.
En un paso significativo hacia la consolidación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción ha decidido que la provincia de San Luis sea la sede de la próxima Asamblea Nacional. La elección se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, durante la reunión que contó con la presencia de destacados funcionarios y representantes provinciales.
La decisión de seleccionar a San Luis como sede de la próxima reunión, prevista para finales de noviembre, fue adoptada por unanimidad, luego de la propuesta presentada por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien representa a San Luis en el organismo nacional. A su vez transmitió la invitación del gobernador Claudio Poggi, manifestando el interés de la Provincia en acoger este importante evento.
“Soy portador de la invitación del gobernador Claudio Poggi para que la próxima reunión nacional del Foro se lleve a cabo en San Luis”, expresó Bazla durante su intervención. La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien además expresó su deseo de visitar San Luis dentro del contexto de la asamblea. También participaron del encuentro el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y representantes de la mayoría de las provincias.
La presidenta del Foro, Anahí Priotti, destacó la importancia de esta decisión, y afirmó: “Será un gusto reunirnos en San Luis y respaldar la incorporación de esa provincia a este espacio de análisis de políticas de transparencia”.
La próxima asamblea en San Luis será el 21 y 22 de noviembre de este año, promete ser un evento clave en la agenda nacional de transparencia y anticorrupción, reforzando el compromiso de las provincias en la lucha contra la corrupción y en la implementación de políticas de gestión ética en el ámbito público.
