Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico, impulsado por la diputada Marisa Patafio. La iniciativa busca que los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a exámenes toxicológicos anuales y obligatorios, como una medida para garantizar su integridad en la lucha contra las drogas.
El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, establece la obligatoriedad de estos exámenes para funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los legisladores, magistrados y jefes de organismos descentralizados, para asegurar que quienes toman decisiones públicas lo hagan sin estar influenciados por el consumo de sustancias ilegales.
“Necesitamos funcionarios aptos, sanos, para cumplir su función debidamente. Por eso, este proyecto de ley está direccionado a evitar que el consumo de sustancias ilegales se instale en quienes están ejerciendo cargos de nivel político, cuyo accionar debe estar exento de cualquier condicionamiento y actuar en plenitud de sus capacidades para tomar las decisiones que afectan a la vida de sus conciudadanos de manera absolutamente responsable y transparente. No se puede combatir algo cuando de alguna manera se está involucrado”, indicó Patafio.
En ese sentido, la diputada Eugenia Gallardo señaló que este proyecto da respuesta a los intereses y demandas que exigen los sanluiseños. “No somos solamente padres de familia ni trabajadores de un emprendimiento: somos legisladores. Y en el momento que nosotros decidimos serlo, que un juez o el gobernador decide postularse para ese cargo, deja de ser una persona con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra persona. Somos funcionarios públicos y nuestras obligaciones son superiores”, agregó.
El gobernador Claudio Poggi ya había anunciado en su discurso del 1º de abril que haría propio este proyecto, resaltando la importancia de la ejemplaridad que deben demostrar quienes ejercen políticas públicas. La semana pasada dio un paso firme al firmar un decreto que establece que los funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo deberán someterse a estos exámenes anualmente. “Yo seré el primero en hacérmelo”, aseguró.
Los puntos más importantes del proyecto
Los exámenes toxicológicos serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. El objetivo es asegurar que la selección de los funcionarios para los tests sea transparente e igualitaria.
Los tests se realizarán en instituciones públicas que no dependan del Estado provincial, para asegurar la independencia de los resultados. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución Provincial.
Asimismo, la norma garantiza que toda la información obtenida será tratada con estricta confidencialidad -tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales- para proteger la privacidad de los resultados de los funcionarios.
Esta iniciativa no es la primera de su tipo en el país: Tucumán y Tierra del Fuego ya cuentan con legislaciones similares, y la ciudad de Villa Mercedes también sancionó una ordenanza que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales como requisito para la permanencia en la función pública.
También en nuestra provincia, el ministerio de Seguridad viene trabajando desde el 10 de diciembre en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, uno de los principales ejes del gobierno de Poggi. Según un informe de la cartera, del 13 de diciembre del 2023 al 3 de octubre del 2024 la incautación de marihuana se quintuplicó con respecto al año anterior, hasta llegar a los 68.575 kilos. En el caso de la cocaína, se duplicó el secuestro de droga con un total de 8.625 kilos.
También hubo 930 detenciones de personas por tráfico de droga, siendo el mes de junio el de mayor cantidad. Además, el dinero de la droga incautada llegó a los 30.266.213.690 pesos, hubo 1.159 procedimientos y se secuestraron 18 vehículos entre autos, camionetas y motocicletas.
