Fue para dialogar sobre el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Barrios Populares, que busca atacar la pobreza estructural y mejorar la calidad de vida de unas 4.000 familias que viven en estos asentamientos.
Uno de los principales ejes del gobierno de Claudio Poggi es reconstruir el tejido social roto luego de años de abandono. En ese contexto, este jueves, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Endeiza, recibió en la Legislatura a Joaquín Mansilla, director de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano y a Ariel Braverman, subdirector del área. Durante la reunión, se abordó el avance del proyecto de adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.453, llamada ‘Ley de Barrios Populares’. Esta normativa, enviada por el Ejecutivo provincial, tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios populares en San Luis.
Según un relevamiento de la Dirección, realizado en los 13 barrios populares que se ubican en el ejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% sólo tiene uno de esos cuatro servicios y el 18,1% sólo tiene dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con dos de esos servicios o menos. Y respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
La Ley 27.453, sancionada en 2018, establece un Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, destinado a formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos informales relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Este proyecto de adhesión propone además la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, que se encargará de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de los barrios populares de la provincia.
La creación de este organismo busca también fortalecer la capacidad de diagnóstico y planificación de políticas públicas orientadas a la inclusión socio-urbana. Además, la ley nacional facilita la colaboración entre la provincia, Nación y los municipios, para llevar a cabo proyectos de urbanización y mejoras en infraestructura, asegurando la provisión de servicios como agua potable, energía eléctrica y saneamiento.
En nuestra provincia, el RENABAP ha identificado 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, donde habitan más de 4.000 familias. Con la adhesión a esta ley, San Luis podrá avanzar en la regularización dominial, brindándoles a estas familias la posibilidad de acceder a títulos de propiedad, lo que a su vez les permitirá mejorar el acceso a créditos y otros beneficios.
Desde la Dirección señalaron que, a diferencia de las políticas asistenciales para contener el aumento de la pobreza, “la regularización y escrituración de barrios populares ataca estructuralmente la problemática generando un importante patrimonio a familias que no lo tienen. Se configuran así garantías para acceder al crédito y la vivienda se convierte en un bien que heredarán los hijos”.
