Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como ‘Ley de Barrios Populares’. Esta normativa, enviada por el Ejecutivo, tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios populares en San Luis.
El proyecto, que ahora pasará al Senado, responde a uno de los principales ejes del gobierno de Claudio Poggi, que apunta a la reconstrucción del tejido social fracturado que heredó luego de años de abandono. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), San Luis posee 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, en los que habitan más de 4.000 familias.
El diputado Carlos Pereyra explicó que esta normativa nacional busca formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos informales relevados.
“Existen asentamientos en municipios del interior que no nos imaginábamos, pero que ya son barriadas consolidadas y carecen de títulos de propiedad. Esta adhesión va a ser muy importante, ya que articula con una cuestión fundamental: la seguridad jurídica y el derecho efectivo a la vivienda. Es parte de una política del Poder Ejecutivo de escrituración de viviendas sociales que carecían de ese título, lo que también permitirá darle una identidad registral definitiva al inmueble. Esto resulta beneficioso también para quienes titularizaron un inmueble y ya no están vivos, ya que sus herederos podrán disponer de él, cederlo o transferirlo”, detalló.
El proyecto de adhesión propone además la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, encargado de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de esas comunidades.
Según un relevamiento de la dirección de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano, realizado en los 13 barrios populares ubicados en el tejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% sólo cuenta con uno de esos cuatro servicios y el 18,1% con dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con apenas dos de esos servicios o incluso menos. Respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
A través de este observatorio, San Luis fortalecerá su capacidad de diagnóstico y planificación de políticas públicas orientadas a la inclusión socio-urbana. La Provincia trabajará en conjunto con Nación y los distintos municipios para llevar adelante proyectos de urbanización y mejoras en infraestructura que aseguren la provisión de agua potable, energía eléctrica y saneamiento.
