El director de Recursos Humanos de la provincia, Alberto Sibert, en conjunto con el Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, brindaron explicaciones con respecto a la investigación que inició el Gobierno por la presentación de una denuncia por la comercialización de certificados médicos falsificados.
“Están usando los sellos, el nombre y los servidores coinciden con el membrete, coinciden con la letra, la firma algunos le han cambiado la matrícula a otros, no. Por eso mandamos a Asuntos Profesionales para chequear estos 83 certificados de las cuales confirman que son apócrifas” detalló Alberto Sibert.
El funcionario recalcó que los resultados son preliminares y que aún resta revisar varias cajas con certificados falsos. De todos modos, la investigación que la justicia está llevando adelante, parte desde el mes de noviembre del 2022, momento en el que se registraron estos movimientos hasta la actualidad.
Entre los certificados presentados (10) corresponden al área de seguridad, Salud y Carrera Sanitaria (12), Educación (9) y en el escalafón general (52).
El Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, indicó que el estado es la víctima y que formularán una audiencia dentro de dos semanas, para solicitar las medidas correspondientes para la persona que está implicada y su imputación por fraude en perjuicio a la administración y la falsificación de instrumentos públicos.
“El estado es víctima porque paga los sueldos indebidamente. Por eso pediremos la prisión. Esta gente había sido allanada en junio de este año y sin embargo siguen haciendo lo mismo porque pese a haber sido acusados, y estaba todo en la justicia, no pararon con su accionar ilegal”.
Por otra parte, Endeiza, resaltó que la justicia ya tendría identificados a los o las personas implicadas. “Son dos personas de las cuales una es agente de la Administración Pública, que justifica para sí mismo y aparte los comercializaba, eso es lo que se sospecha. Eso se va a investigar, pero al menos sabemos que es una falsificación de un documento el uso, el documento será posible o no para las personas que lo han utilizado sabiendo que era falso y también el fraude del perjuicio demostración”.
Por último el fiscal, declaró que según pudieron averiguar, los implicados vendían los certificados de acuerdo a los días y cobraban hasta $8.000, con ‘delivery’ incluido.
