Este martes, la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva por unanimidad al proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.453 conocida como ‘Ley de Barrios Populares’. Esta normativa, que fue enviada por el Ejecutivo a la Legislatura, pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios populares en San Luis.
Un día antes las autoridades de la dirección de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano, Joaquín Mansilla y Ariel Braverman, se habían reunido con la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para despejar las dudas de los legisladores sobre la situación en la que se encuentra la provincia, donde se han identificado 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, en los que habitan más de cuatro mil familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La Ley Nacional 27.453, sancionada en 2018, establece un Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, destinado a formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos. Además, el proyecto aprobado propone la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, encargado de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de los barrios populares de la provincia.
Según un relevamiento de la Dirección, realizado en los 13 barrios populares que se ubican en el ejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% solo tiene uno de esos cuatro servicios y el 18,1% solo tiene dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con dos de esos servicios o menos. Y respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
A través de este observatorio, la Provincia fortalecerá su capacidad de diagnóstico y planificación de políticas públicas orientadas a la inclusión socio-urbana, y podrá trabajar en conjunto con la Nación y los distintos municipios para llevar adelante proyectos de urbanización y mejoras en infraestructura que aseguren la provisión de agua potable, energía eléctrica y saneamiento.
