El Gobierno avanzó con la derogación de un decreto clave y puso punto final a la emergencia en tierras indígenas. De esta manera, se podrán agilizar los operativos de desalojo que haya sobre territorios que estén en disputa y en conflicto con agrupaciones representantes de los pueblos originarios.
La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. Allí se derogó la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805 del 17 de noviembre de 2021, que extendía la emergencia hasta noviembre del 2025.
Entre los considerandos, el Ejecutivo señaló que esta suspensión lleva 18 años donde se “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.
“La Ley N° 26.160 y la prórroga excesiva de la emergencia, ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”.
En el segundo artículo de la mencionada ley, se habían suspendido los desalojos de las tierras ocupadas por estas comunidades desde el 2006. Es por esto, que en la medida señalaron que “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”.
La medida se da luego de los conflictos que se registraron en lugares como Chubut, donde comunidades mapuches vienen peleando en el ámbito judicial para no ser expulsadas de diferentes espacios que fueron usurpados, como es el caso en el Parque Nacional Los Alerces.
En 2020, la comunidad mapuche Lof Paillako, que encabeza el controvertido dirigente Ernesto Cruz Cárdenas, irrumpió de forma violenta en la seccional de guardaparques El Maitenal, la ex población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, en el corazón del Parque, donde tomó posesión y construyó galpones y viviendas.
La Administración de Parques Nacionales, durante la gestión anterior, actuó de forma contemplativa con la comunidad y buscó soluciones alternativas al conflicto, aunque nunca planteó la posibilidad de expulsar a los intrusos. Ahora, la Justicia trabaja en un plan para desalojar el predio.
En tanto, el Gobierno justificó la medida debido a “la situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores que en muchos casos han sido desplazados durante DIECIOCHO (18) años sin derecho a reclamar ante la justicia, así como la seguridad jurídica imprescindible para poner en marcha el desarrollo del país, justifican la inmediatez de los efectos del presente”.
De esta manera, esta medida acompaña otras definiciones del Gobierno que se dieron en las últimas semanas respecto a la postura de los pueblos indígenas. En ese sentido, días atrás, el Ejecutivo no acompañó una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Se trataba de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que reforazaba el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.
