La Legislatura de Jujuy aprobó el miércoles 18 de diciembre la ley que crea el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que exigirá el pago de un arancel obligatorio para recibir atención en los hospitales públicos a las personas que el Estado provincial considere que tienen capacidad de pago.
“Es importante aclarar que para la gente que concurría en forma gratuita al hospital porque no podía pagar las prestaciones médicas, siguen siendo gratuitas”, dijo el ministro de Salud local, Gustavo Bouhid, un día después de la aprobación de la norma.
“Para aquellos que tienen capacidad de pago considerando actividades como comercios, ferias, transporte, y están concurriendo al sistema público van a empezar a pagar el SEPROSA que hemos plantado desde el punto de vista solidario, es decir, que aquellos que más tienen puedan aportar al sistema y sostener el sistema para los que menos tienen”, explicó el funcionario.
En sus fundamentos, la iniciativa, impulsada por diputados oficialistas, justifica la medida a partir del recorte de fondos que realizó el gobierno nacional. “Resulta de público conocimiento que por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, sostiene el prefacio de la ley que se votó en el parlamento jujeño.
La creación del seguro se inscribe en el replanteo del financiamiento del sistema de Salud en Jujuy, donde meses atrás se aprobó el cobro de aranceles en la atención de extranjeros.
Los firmantes del proyecto aseguraron, además, que el seguro es una oportunidad para que trabajadores informales puedan tener cobertura médica, ya que funcionará también para las atenciones en clínicas privadas, como una ampliación de la obra social con la que cuentan los empleados públicos en Jujuy.
En concreto, el seguro tendrá un costo equivalente a cinco consultas médicas de las que paga un empleado público provincial con cobertura, algo que los legisladores calcularon alrededor de 50 mil pesos.
Estarán exceptuados del pago aquellos que acrediten no encontrarse en condiciones económicas de adquirirlo, según el artículo 3 de la norma sancionada ayer. “La autoridad de aplicación establecerá un procedimiento de eximición de pago”, indica la ley.
Quienes abonen el seguro tendrán acceso a una credencial, que será exigible para la atención en los nosocomios. No obstante, quienes no cuenten con el seguro recibirán atención médica igualmente, aunque la dirección de rentas se encargará de cruzar los datos del paciente para lograr el cobro de la atención. Esto aparecerá en la reglamentación de la norma, según explicaron desde el gobierno local ante la consulta de Infobae.
Las urgencias seguirán siendo atendidas en cualquier caso, remarcaron.
El proyecto se aprobó por mayoría, con el voto de los diputados oficialistas y el apoyo de parte del peronismo local. La izquierda rechazó la iniciativa.
Los legisladores oficialistas, en tanto, aseguraron que el seguro representa una oportunidad para los trabajadores que se encuentran en la informalidad y que no cuentan con los recursos para pagar una obra social. Para ello pusieron como ejemplo el costo de una prepaga, que ubican en torno a los 400 mil pesos, y sostienen que el SEPROSA es un beneficio.
Destacan además el hecho de que el seguro sea extensivo a clínicas y sanatorios privados.
El diputado provincial Omar Gutiérrez, puso en contexto la norma. “Las personas que tienen obra social o prepaga y se atienden en el sistema público (hospitales) no están alcanzadas por esta ley ni pagan en forma directa. Tenemos vigente una Ley de Recupero por la cual se le factura a la obra social”, explicó el legislador, médico reconocido en la provincia.
“Las personas que no tienen recursos continúan accediendo en forma gratuita, sin ningún tipo de pago”, amplió.
Luego marcó los pacientes que son objetos de la ley. “Las personas con mayores ingresos pero sin obra social tienen la obligación de contratar el SEPROSA si quieren evitar un pago directo de bolsillo y acceder a las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). De lo contrario deben pagar las prestaciones en forma directa en el momento de la prestación”, sostuvo.
De acuerdo a las cifras expuestas en el proyecto, el 50% de la población de Jujuy (alrededor de 400 mil personas), se atiende en hospitales públicos. De esa cantidad de pacientes, la mitad cuenta con capacidad de pagar el seguro, según el oficialismo local.
“Estamos hablando de 50 mil pesos, cuando cualquier obra social sale mínimamente 400 mil pesos”, dijo al defender el proyecto el diputado del PJ Rubén Rivarola, dueño de una importante clínica en Jujuy.
“No me digan que no pueden pagarlo, estamos hablando de diez gaseosas, para tener salud”, agregó el legislador.
