Ricardo Bazla, en su carácter de presidente de la autoridad de aplicación, y Sebastián Andújar, decano de la facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, suscribieron el acuerdo que, comenzará a ejecutarse el viernes 7 de marzo a los 100 primeros funcionarios públicos que serán sorteados el próximo miércoles. Del acto también formó parte la representante del Poder Judicial, Ivanna Albarado Magallanes y por el Poder Legislativo lo hizo Said Alume.
Los análisis a los que serán sometidos obligatoriamente todos los funcionarios de San Luis, tienen la finalidad de determinar la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales mientras dure el ejercicio de la función pública.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, aseguró que “la Ley conocida como de Narcotest está en marcha en San Luis. Se constituyó la autoridad de aplicación, que está a nuestro cargo y de la que participan el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También hemos elaborado el registro de funcionarios que está en el orden de las 1.600 personas en toda la provincia. Todos estamos obligados a someternos a estos análisis. Desde el Gobernador, el Vicegobernador, los ministros del Superior Tribunal de Justicia y los legisladores provinciales hasta el funcionario de menor rango. El sorteo que hará la Caja Social, es solo para definir en qué orden iremos al laboratorio de la Universidad a someternos al análisis. Nadie queda afuera de este control que dispuso la ley que aprobó la Legislatura en noviembre pasado y cuyo costo será afrontado por cada funcionario”.
