Este miércoles serán sorteados los primeros 100 controles toxicológicos entre funcionarios de los tres poderes del Estado de San Luis. En total unas 1.600 personas formarán parte del procedimiento.
Para el desarrollo del sorteo, todos los funcionarios públicos fueron identificados con un número que fueron enviados a la Caja Social y Financiera para que, en este primer tramo, 1.600 ingresen a los bolilleros de la Lotería de San Luis.
Cada funcionario con su respectivo número, ingresará a los bolilleros de la Lotería provincial para ser sorteados, aquellos que sean seleccionados por el azar deberán de someterse al examen toxicológico. El estudio tiene un costo que oscila entre los $40.000 y $50.000 y lo pagarán los funcionarios. En caso de que la prueba de positivo y el protagonista solicite una contraprueba, el gasto correrá por cuenta del funcionario.
La ley mediante fue aprobada el pasado 12 de noviembre y según la norma, la autoridad de aplicación está conformada por representantes de los tres poderes del Estado. El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, junto a Ivanna Vanessa Alvarado Magallanes, por parte del Poder Judicial y los secretarios Said Alume y José Cabañez Lanza por parte del Poder Legislativo,
El objetivo del método que está aplicando la provincia, tiene por objetivo el de realizar un sorteo al mes, con la quita de los 100 números que se sortearon de manera inicial. Para el segundo control que se realizará semanas posteriores al primer examen, participarán cerca de 1500 funcionarios bajo la misma estrategia de trabajo. La ley establece la obligatoriedad y la aleatoriedad en el sorteo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, explicó cómo se actuará una vez que se efectúe el sorteo. “Tras el sorteo, mañana se realizarán las notificaciones a los 100 funcionarios que resulten sorteados. Y el viernes 7 será la toma de las primeras muestras de orina para estos primeros 100 análisis. Y así lo iremos repitiendo hasta completar la totalidad de integrantes del registro de funcionarios”, subrayó Bazla.
En esta primera instancia, el proceso alcanza a las autoridades y funcionarios. Además del gobernador, los ministros, también incluye a los secretarios de Estado, directores, subdirectores, jefes de áreas y los funcionarios de entes descentralizados, entre otras oficinas similares.
El año pasado el gobernador, Claudio Poggi; el vicegobernador, Ricardo Endeiza; ministros, algunos legisladores, un juez y una integrante del Tribunal de Cuentas se sometieron al test de manera voluntaria.
Por el lado del Legislativo, la norma comprende al vicegobernador que es presidente de la Asamblea Legislativa, a senadores y diputados provinciales y autoridades de ambas cámaras. A su vez, en torno al Poder Judicial, ingresarán los jueces del Superior Tribunal de Justicia, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores.
A ellos se sumarán miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo más su adjunto.
En una segunda etapa será turno para la Policía, el Servicio Penitenciario y al personal de la Salud pública. En el caso de los empleados de la Policía de la provincia, del personal de salud y del Servicio Penitenciario, el costo del narcotest correrá por cuenta del Estado.
La autoridad de aplicación será la encargada de notificar a los 100 funcionarios que salgan sorteados por correo electrónico o vía WhatsApp. Tras ello, el funcionario tendrá 24 horas para presentarse a realizarse el estudio.
«Aquella persona que se oponga o no asista a la segunda notificación en el caso del Poder Ejecutivo cesa en sus funciones. En el caso del Judicial y del Legislativo, incursiona en un mal ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, sujeto al jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente», reveló Bazla.
El inicio
La ley surgió a partir de una iniciativa de la diputada Marisa Patafio, del Partido Avanzar. Al principio, el proyecto no obtuvo los votos necesarios en la Legislatura pero luego el gobernador Poggi le dio un gran respaldo con un decreto de alcance para él y los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo.
Pocos días después la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto. Finalmente, el 12 de noviembre el Senado provincial lo convirtió en ley por unanimidad
¿Cómo es el examen toxicológico?
Las pruebas del narcotest las realizará la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. En muestras de orina se buscarán restos de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas legales en cantidades excesivas.
Según la ley, «el examen toxicológico se realizará a través de un ensayo de ‘screening’ mediante un examen bioquímico. «El análisis deberá detectar como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina», expresa la norma.
¿Qué pasa en caso de dar positivo?
Si el resultado es positivo, sin importar el poder del Estado, el testeado tendrá la posibilidad de pedir una contraprueba (se hace con la misma prueba de orina inicial) que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba. El costo para ello es de unos $150.000.
«En caso de dar positivo se va a analizar la proporción. Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, si da 2 va a tener un tratamiento de contención que estará a cargo de un Centro de Prevención de Adicciones, en especial para el personal policial, del Servicio Penitenciario y personal de la salud pública», afirmó Bazla.
Si el análisis positivo es en el Poder Ejecutivo, el gobernador dictará un decreto de cese de sus funciones. «En el caso de los diputados y senadores, constituye causal de juicio político y se comunica al organismo interno del Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial, se formula ante el jurado de enjuiciamiento», añadió el secretario.
Contención para las personas con problemas de adicciones
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, indicó que en caso de que existan casos positivos, el gobierno brindará el respaldo necesario a través del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones. “En caso de dar positivo algún miembro, se dictará el cese de ejercicio de sus funciones y en el caso del Poder Judicial y el Poder legislativo, respecto de la negativa a someterse al análisis, se notificará esa situación al jurado enjuiciamiento y a quien tiene a su cargo la eventual realización de juicio político porque se considera que hay, la ley así lo considera, una inconducta que puede ser pasible de este tipo de consecuencias», aclaró.
«Estas acciones tienden, por sobre todas las cosas, a garantizar que ningún funcionario público de ninguno de los poderes del Estado, esté de los dos lados del mostrador. Si estoy consumiendo cocaína, la estoy comprando de un circuito ilegal. Por lo tanto, no puedo al día siguiente, como funcionario público, firmar un decreto, tomar una decisión que afecte a toda la ciudadanía. No puedo dictar una sentencia o formular una acusación de corte judicial, o no puede legislar porque estaría convalidando una situación absolutamente ilegal como es el manejo del narcotráfico», explicó el secretario.
Fuente: Info El Chorrillero.
