Este jueves, en conferencia de prensa, el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el intendente de La Punta, Luciano Ayala, celebraron la adhesión de ese municipio a la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, que comprende análisis toxicológicos para miembros de los tres poderes del Estado. El jefe comunal informó que los 53 funcionarios municipales ya fueron incluidos en el registro único y que participarán del próximo sorteo para definir quiénes se someten al Narcotest.
“El año pasado, una vez que el Gobernador firmó el decreto para estos estudios, desde el municipio también sacamos un decreto y luego, cuando el Gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley, nosotros elevamos al Concejo un proyecto de ordenanza de adhesión a la ley. Hace 30 días más o menos, el secretario de Ética visitó el municipio y recién ahí adherimos a la iniciativa”, repasó Ayala.
El intendente comentó que “la nómina de los 53 funcionarios que comprenden el Ejecutivo, más el Legislativo y el Judicial, que en este caso nosotros tenemos el Juzgado de Faltas, ya están en poder del Ejecutivo provincial, con lo que vamos a estar expuestos a los procedimientos, de forma idéntica, a cómo lo viene trabajando el Gobierno provincial con los tres poderes del Estado”.
A cada uno de esos funcionarios le fue asignado un número para el sorteo que se realiza los lunes en la Caja Social. Solo los miembros de la Autoridad de Aplicación de la ley están autorizados y cuentan con un registro secundario para asociar esos números a los datos personales al momento de entregar los resultados.
Justamente en referencia a ese punto, Bazla aclaró, ante las preguntas de algunos periodistas, que la Ley de Ejemplaridad se rige por “la Ley de Protección de Datos Personales que existe en la República Argentina desde hace 25 años, de manera que no vamos a ser nosotros en ningún momento y en ningún caso los encargados de revelar” información sobre los resultados.

Sí informó que “de un total de 1.700 funcionarios que comprenden el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de toda la provincia de San Luis se han sorteado 420, de los cuales la mayoría ha concurrido al laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis” a someterse al Narcotest. También que hubo ausencias a algunas citas pero que en el 100% de los casos estuvieron justificadas por motivos asociados a su función pública y compromisos laborales. “De modo que no hay ningún incumplimiento, ni está registrado ningún caso de negativa o de personas que se nieguen a realizarse los exámenes toxicológicos que exige la Ley”, sentenció.
Ante la insistencia, el secretario admitió que algunos test dieron positivo, la mayoría por presencia en el organismo de benzodiazepina, un agente depresor del sistema nervioso asociado a fármacos como el Clonazepam.
“Se están siguiendo los procedimientos que establece la Ley, que es derivar cada caso al Centro de Prevención de Asistencia a las Adicciones, al CPAA, quien de acuerdo a los casos va a determinar la estrategia terapéutica que corresponda. También, de acuerdo a la Ley, existe el derecho de la persona que haya resultado positivo de pedir una contraprueba, que en este caso se realizará en la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo al convenio que tiene la Universidad Nacional de San Luis con esa casa de estudios”, cerró Bazla.