En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno y el fiscal de Estado se refirieron a la medida dictada por la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz y explicaron que no es competencia de la provincia concluir el acueducto La Florida II.
Para despejar todo tipo de dudas y desmentir falsas informaciones, este miércoles, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, volvieron a explayarse y explicar el conflicto que viven los vecinos de El Volcán con el suministro de agua potable y adelantaron que el Estado apelará una medida cautelar de la Justicia provincial por “imprudente” y “cuestiones que son claramente inexistentes”.
Lo primero y principal. “Tenemos que aclarar que la distribución del agua cruda es responsabilidad de la provincia de San Luis y que el tratamiento para su potabilización es responsabilidad de la municipalidad. Ante los insistentes reclamos de los vecinos que están disconformes con el agua que reciben, hemos entablado una reunión cordial con el intendente de la localidad de El Volcán a los efectos de aunar esfuerzos para tratar de solucionar la situación. Los análisis que se le hacen al agua cruda que se le está proveyendo al pueblo desde San Luis Agua nos dicen que el agua que se está distribuyendo en la localidad está dentro de los parámetros normales, con lo cual entendemos que habría que analizar la situación del tratamiento de potabilización a la planta para determinar si no está o no era ahí la situación que genera este malestar”, aclaró Amondarain.
En esa reunión con Ricardo Calegaro, jefe comunal, el Gobierno se comprometió a brindar asistencia técnica a los operarios de la planta potabilizadora para normalizar la calidad del agua. “Lejos de echar culpas es intención del Gobernador de la provincia resolver el problema de los vecinos, con lo cual nos hemos puesto a entera disposición del intendente para suministrar equipos técnicos y profesionales para tratar de mitigar o bien hacer desaparecer los problemas”, sumó el funcionario.
Lo segundo. “En el consciente colectivo de los vecinos de la localidad de El Volcán está que la solución al problema del agua solo viene por la finalización de la obra del Acueducto Florida II”, mencionó el ministro, que luego explicó que las condiciones del agua de ese dique y del que provee actualmente del recurso a la planta potabilizadora son iguales, no difieren, por lo que el tratamiento para sanearla no se diferencia.
La dispersión entre los vecinos de ese concepto erróneo llevó a que la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental 5 de la Primera Circunscripción, emitiera una “una medida cautelar que emplaza al Gobierno a finalizar una obra del Acueducto Florida II como si fuera la única solución al problema”. “El fallo judicial emplaza, de una manera que entendemos imprudente, a finalizar la obra en un plazo de 60 días, situación que nos llama muchísimo la atención porque el fallo tiene en cuenta distintas cuestiones que son claramente inexistentes. En primer lugar, declara inconstitucional un acto administrativo que es inexistente, porque no ha sido dictado por el Gobierno de la provincia de San Luis. Eso llama poderosamente la atención. Además, no tenemos posibilidad de dictar un acto administrativo porque en un acuerdo con Nación, en junio de 2024, se acordó cuáles eran las obras que iban a continuar en la provincia y cuáles eran las obras que iban a continuar la Nación” y la finalización del acueducto quedó en manos de este último.
Apelación
A su turno, Endeiza dijo que el “Estado lo que va a hacer es, por supuesto, contestar y apelar la medida dispuesta, que consideramos, como lo dijo recién el Ministro, fue tomada con ligereza de parte del juzgado”.
Y continuó: “Realmente, ligereza creo que sería la primera palabra para calificarlo, pero asimismo, se basa en presupuestos fácticos falsos. O sea que ni siquiera se han chequeado las cosas que el amparista iba esgrimiendo. Es decir, hace referencia, como dijo, a dos cosas fundamentales: como que la provincia paralizó una obra, que no fue así. Incluso quien es el amparista dice que acto se publicó en el Boletín Oficial y no hay ninguna norma relacionada a la obra en el Boletín Oficial que está en el expediente. O sea que ni siquiera ha mirado (la jueza) las cosas que el propio amparista ha presentado para ver si es cierto lo que dice”.
Con otras aclaraciones que no vienen al caso, Endeiza remarcó que “la Provincia por supuesto va a apelar, va a recurrir a esta acción. Y bueno, también le explicaremos a la jueza lo mismo que estamos diciendo acá. Nosotros queremos solucionar el problema de El Volcán, pero bueno, no es la forma. Si nos hubiera dado alguna oportunidad, hubiéramos podido resolverlo distinto sin necesidad de esto”, concluyó.