El miércoles, el bloque de Unión por la Patria intentó tratar sobre tablas la modificación del artículo 11 del Presupuesto 2023 con el fin de facultar al Ejecutivo para que continúe haciendo ingresar personal de la administración pública provincial de manera poniendo en riesgo la estabilidad económica de San Luis.
Desde la oposición los legisladores de Unidos por San Luis, el adolfismo, Sanluiseños Por el Cambio y radicales señalaron que desde el Gobierno pretende nombrar más empleados en el Estado, otorgando además amplias facultades al gobernador para el ingreso de personal sin cupo. Si bien desde el oficialismo cuestionaron a la oposición, esta vez, sus propios diputados no se presentaron por lo que no lograron el quórum necesario para sesionar. De los 25 diputados que tiene el oficialismo solo lograron sentar a 19, los demás 6 no estuvieron por diferentes cuestiones.
Desde Unidos por San Luis advirtieron sobre la gravedad institucional, la irresponsabilidad fiscal, la inconstitucionalidad de la ley y el encubrimiento delictivo que implica la modificación del Presupuesto como pretende el actual gobernador. Basta recordar que desde la oposición ya se denunció penalmente a siete ministros por hacer firmar contratos a los trabajadores de Plan por actuar por fuera del marco jurídico, ya que no contaban con la previsión presupuestaria. En diputados la situación es similar y los bloques opositores dejaron en claro que los legisladores que avalen este avasallamiento a la ley también deberán responder ante la Justicia. La que pretende aprobar Rodríguez Saá viola el artículo 8 de la Constitución provincial que prohíbe la suma del poder público a una persona.
“El Poder Legislativo es el encargado de sancionar el Presupuesto (inciso 4 del artículo 144 de la Constitución), instrumento que hace las veces de límite al Gobierno para efectuar las contrataciones y ejecutar el gasto estatal (artículo 34 de la Ley de Contabilidad). En el caso, la decisión adoptada coloca al propio gobernador como el responsable facultado para auto establecerse un límite al gasto que él mismo realizará”, señaló ayer el bloque de senadores poggista en un documento que alertó sobre la gravedad institucional.
También colisiona con el artículo 92 de la Constitución el cual prohíbe la sanción de leyes que no indiquen expresamente sus fuentes de financiamiento y esta norma no lo señala. “Lo anterior reviste una irresponsabilidad fiscal sin antecedentes puesto que se autorizaron aumentos de gastos sin los fondos suficientes para poder afrontarlos poniendo en riesgo y comprometiendo el erario público que, como es sabido, se encuentra en una delicada situación resultado de un déficit sistemático y crónico registrado en los últimos años”, señalaron los senadores opositores.
Mientras el oficialismo bregaba por lograr el quorum necesario para sesionar, hubo un grupo reducido de militantes en los palcos (algunos se hicieron pasar como beneficiarios del Plan) que de acuerdo a lo informdo por diferentes medios, fueron utilizados como fuerza de choque por los diputados oficialistas para amedrentar a la oposición, noobstante, la Policía los frenó en el camino y tuvieron que volver a sus lugares.
