El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, 446 días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo emplace a rever y dictar nueva sentencia, absolvió al director periodístico de zbol.com.ar, Diego Masci, del delito de “violación de intimidad” por el cual había sido condenado en la justicia sanluiseña por haber publicado el pasado 24 de agosto de 2018 un video de quien se desempeñaba como ministra de educación del gobernador Alberto Rodríguez Saá, Natalia Spinuzza, quien manifestaba encontrarse “drogada” y “borracha” según su alocución.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros del máximo tribunal provincial, cumple con lo establecido por la CSJN. El máximo estamento judicial de la Nación dio lugar al Recurso Extraordinario presentado por el Dr. Ricardo Endeiza, abogado defensor del director del medio periodístico. La Corte había adelantado que correspondía hacer lugar al recurso interpuesto por el querellado considerando expresamente que “no se ha efectuado una revisión amplia e integral de la condena, en particular del agravio vinculado a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 155 del Código Penal a la luz del derecho a la libertad de expresión (artículos 14, 32 y 75, inciso 22, Constitución Nacional; artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”
El fallo del tribunal nacional había puesto una barrera al atropello a la libertad de expresión impulsado por el propio Alberto Rodríguez Saá. El gobernador sanluiseño fue testigo de Spinuzza en el juicio contra Masci, no fue el único. Tambien participó quien se desempeñaba en ese momento en su gobierno como ministra de educación, Paulina Calderón.
Toda la maquinaria represora actuó para acallar las voces disonantes que se encontraban fuera de control, fue así como la jueza Laura Molino cumplió con el mandato del gobernador condenando a Masci. Mientras el director del zbol.com.ar comenzaba el camino recursivo, la letrada era premiada con el cargo de jueza del Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la primera circunscripción judicial.
La presión del poder político ascendió al procurador, Luis Martinez, que falló en consonancia con la orden del gobernador. Lo mismo hizo en su momento el STJ de San Luis avalando el atropello a la libertad de expresión y acceso a la información de los sanluiseños. El fallo de la Corte nacional pronunciado el pasado 12 de agosto de 2022, fue acatado y corregido el pasado 1 de noviembre, cuando la corte provincial falló a derecho a la normativa nacional e internacional existente en el plexo jurídico de la Constitución Argentina.
Pasaron 1175 desde aquel fallo avergonzante hasta que el poder judicial sanluiseño rectifico su propio indecoro.
Dentro de pocos días, cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá termine su mandato y se convierta en un ciudadano más, podrá hacer uso de la libertad de expresión, sin que él, ni nadie, sufra ninguna consecuencia. Podrá gozar de ese derecho gracias a la lucha llevada adelante por un grupo de hombres y mujeres que creen en la libertad de expresión, que la defendieron hasta el final, impidiéndole a él, limitar ese derecho.
