Desde el día siguiente de la derrota electoral del 11-J, el gobernador saliente viene desplegando un plan para condicionar y entorpecer la gestión del futuro Gobierno.
Con la cuenta regresiva en marcha se sucedieron una detrás de otra una serie de acciones que están secando las arcas públicas. La contratación y pase a planta permanente de funcionarios y asesores que abandonarán indefectiblemente sus puestos el 10 de diciembre, la designación de dirigentes en las estructuras del Estado para dejarlos enquistados hasta la insaciable voracidad de ejecutar un paquete de licitaciones de obras frívolas y fastuosas, se fueron encadenando para limitar el margen de maniobra de la administración de Claudio Poggi.
El festival de gasto político para mantener la claque y de erogaciones superfluas y sospechadas quiere coronarlo con una monumental liberación de fondos con la colaboración de empresas que están siendo funcionales en la estocada final que prepara Rodríguez Saá.
Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL se presentaron en medio de una causa judicial que terminará de dirimirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las licitaciones de la Ciudad Judicial y la refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 que importan casi $70.000 millones. El primer proyecto tiene un presupuesto de $41.321.324.726 y el segundo de $28.650.000.000.
En los 32 días que le quedan a este Gobierno, estas empresas se encaminan a convertirse en el ducto del anticipo financiero del 30% que planea pagar Rodríguez Saá. La polea que mueve a la burocracia alcanzaría en el mejor de los casos a sacar los $21.000 millones sin colocar un ladrillo.
Esa erogación es casi equivalente al costo laboral de un mes de la Provincia que es de $26.150 millones. Este monto no incluye el aguinaldo.
Traducido: la entrega del 30% de anticipo a las empresas pone en riesgo el pago de los sueldos de diciembre del sector público.
Con información de El Chorrillero.
