También deberán detallar la ejecución presupuestaria al 9 de diciembre, día que dejaron sus funciones. Se debe a que en todo momento se negaron a llevar adelante una transición de mando.
Todos los ministros y secretarios de Estado que asumieron el último domingo intimaron a sus antecesores en sus cargos a que presenten una declaración e informen en el plazo de 48 horas, según los términos de la Ley N°V-0714-2010, los programas que hubieran desarrollado en el cumplimiento de su función, lo realizado en vías de ejecución y lo programado. También reclaman que se los informe expresamente sobre la ejecución presupuestaria al 9 de diciembre pasado, que fue la fecha en la que dejaron el gobierno. Allí deberán explicitar la nómina de recursos humanos, registro y existencia de muebles registrables afectados al servicio de cada dependencia y los contratos con terceros en curso, especificando objeto, monto, modalidad y plazo.
La intimación les llegó a los funcionarios salientes bajo apercibimiento de ley. Según el texto enviado, el incumplimiento de lo normado por la Ley de Protocolo de Continuidad de Gestión constituirá la figura típica de incumplimiento de los deberes de funcionario publico, por lo que las nuevas autoridades se reservan el derecho a iniciar acciones judiciales.
“Las intimaciones responden a la necesidad de conocer en qué situación se encuentra cada ministerio y todas las dependencias de gobierno, porque ante la falta de transición no conocemos la realidad. Todo esto forma parte del control de gestión que nos ha encomendado el gobernador”, explicó Ricardo Bazla, Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, quien agregó que “la transparencia será el estandarte del gobierno de Claudio Poggi, por eso hemos intimado a cada uno de los ministros salientes a que informen en qué han gastado los dineros de los sanluiseños, qué programas de gobierno están en marcha, cuántos contratos con terceros están pendientes y la nómina de personal. Si las respuestas no llegan en el tiempo intimado, se iniciarán las acciones que pueden derivar en causas judiciales contra los ex funcionarios que no hayan cumplido las obligaciones que impone la ley de Protocolo de Continuidad de Gestión”.
