El déficit fiscal es el resultado del manejo irresponsable o ineficiente de los fondos públicos. Cuando el déficit se torna crónico, termina por generar una profunda crisis financiera y económica como la que se encuentra transitando hoy San Luis.
Durante el año 2023 la provincia tuvo ingresos por $456.641 millones, sus gastos ascendieron a $581.761 millones. La administración saliente gastó un 27% más de lo que le ingresó.
Nada de esto fue casualidad. San Luis comenzó a tener déficit en el año 2019 según sus cuentas de inversión, una información que corrobora la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. El desfasaje fiscal se fue acentuando con el paso de los años.
¿Cómo hizo la provincia para afrontar los gastos? La diferencia entre recursos y gastos se cubrió con los títulos públicos con los que el Estado Nacional canceló su deuda con San Luis. En marzo de 2021 la provincia recibió un equivalente a U$S191 millones.
El problema radica en que ese déficit se ha venido agravando año tras año hasta llegar al rojo fiscal actual. La crisis es de gran envergadura. El déficit llegó al récord de $125.120 millones y agotó los títulos que se recibieron por el juicio.
¿Qué pasó durante el año 2023?
A excepción del mes de enero, periodo donde los recursos alcanzaron para cubrir los gastos, el resto de los meses se tuvo que echar mano a los títulos del juicio. El mal manejo de los dineros de todos los sanluiseños se mantuvo en constante desfasaje, lo que ayudó a aumentar el rojo fiscal.
Uno de los picos máximos del descalabro financiero se registró a partir de la contienda electoral provincial del mes de junio, acentuándose en los últimos meses de retirada del gobierno saliente con un festival de gastos que solo parecía vaciar las arcas estatales para generar esta crisis financiera y económica que hoy perjudica a todos los sanluiseños.
La evolución del gasto da cuenta del manejo irresponsable del erario público. Existió un crecimiento constante de las erogaciones en todos los meses, sin la debida contrapartida de recursos.
Por otro lado, la composición del gasto muestra un uso irregular de los fondos. En el mes de junio se observa un uso electoral del Tesoro a través del otorgamiento de préstamos concentrados en la fecha de los comicios provinciales. La participación de la masa salarial dentro del total del gasto creció en setiembre, octubre y noviembre. Finalmente, en el mes de noviembre se registra un llamativo crecimiento de subsidios y transferencias que terminaron por vaciar las arcas del Fisco.
¿Qué pasará durante el año 2024?
La gestión del gobernador saliente dejó a la provincia fundida, con un déficit récord y sin ahorros, lo que será difícil de solucionar.
El problema radica en la cantidad y el nivel de gastos comprometidos para los próximos meses, sin contar con los recursos para hacerlo.
Es decir que la gestión saliente, a través de incorporaciones de militantes, funcionarios políticos, familiares y amigos a la planta del personal, al incrementar los salarios y beneficios sociales sin contar con dinero para hacerlo, al contratar servicios y obras públicas para ser ejecutadas durante todo el año 2024, generó un compromiso presupuestario y financiero para el ejercicio fiscal.
Pero esos gastos comprometidos para ser pagados en el año 2024 se fijaron por encima de los recursos que percibirá la provincia. Esto significa que Alberto Rodríguez Saá trasladó el déficit más allá de su mandato.
En todos los meses del año que viene, los recursos no alcanzarán a financiar las erogaciones y, como ya se agotaron los títulos cobrados en el juicio ganado al Estado Nacional, no hay más plata para pagar la diferencia, como pasó hasta hora.
Se estima que, de mantenerse el mismo nivel y volumen de gastos que tuvo la provincia durante 2023, el año 2024 finalizará con $309.000 millones de déficit.
Esto obliga a ordenar las cuentas, lo que exige realizar una fuerte contención del gasto, eliminar los que son superfluos, revisar las contrataciones de servicios y obras públicas y, también, revertir el relajamiento de los controles que generó el ambiente propicio para realizar actos de corrupción.
La situación provincial exige actuar con responsabilidad fiscal y ordenar las cuentas para sanear las finanzas del Estado.
Esa contención del gasto, y dada la magnitud del déficit, obliga al Estado provincial a tomar, por primera vez, un préstamo y endeudarse para poder hacer frente a las obligaciones contraídas.
Fuente: Agencia de noticias.
