Entre el 1° y el 6 de diciembre pasado, cuando todavía era secretaria de Deportes de la anterior gestión, Cintia Ramírez, en combinación con Miguel Berardo, por entonces secretario general de la Gobernación, destinaron $152 millones para hacer el movimiento de suelos y levantar un alambrado de dos futuras canchas en la Universidad de La Punta.
La contratación la hicieron en forma directa con la empresa MyD Construcciones SRL, que recibió por adelantado $88 millones, una fortuna para llevar adelante apenas el movimiento de suelos. Un dato curioso es que la empresa fue creada con posterioridad a la creación del Ente Deportes San Luis, una metodología ya observada en otros negocios sospechosos, como los que llevó adelante Luciano Anastasi en el ministerio de Seguridad.
La ilegal maniobra, que nuevamente involucra a la exsecretaria de Deportes, fue detectada por la auditoría contable realizada por la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, a cargo de Ricardo Bazla, quien puso en conocimiento de los hechos al fiscal de Estado, Víctor Endeiza.
Hoy mismo el actual titular de Deportes, Gabriel Rivero, presentará la denuncia penal contra Ramírez por violación de las normas vigentes. Se suma a las que ya había recibido por las transferencias de fondo al San Luis Fútbol Club, que también presidía.
“La secretaría de Deportes no puede contratar en forma directa cuando la cifra supera los 5 millones de pesos, sin embargo Ramírez, con el consentimiento de Berardo, contrató por $152 millones y adelantó el pago de $88 millones a una empresa que no está inscripta en el Registro de Proveedores de Obra Pública de San Luis y que en su historial solamente ha hecho 19 facturaciones al Gobierno de la provincia, siempre como único cliente. No existen registros que den cuenta de los antecedentes de esa empresa constructora que se constituyó el 27 de septiembre de 2022, mientras que el Ente San Luis Deportes se creó el 21 de abril de ese año”, indicó Bazla.
Se trata del pago adelantado de $88.270.000 realizado a la firma ‘MyD Construcciones SRL’, cuyos socios son Miguel Ángel Acosta, Nahuel Maximiliano Sosa y Axel Matías Becerra, quienes en el acta constitutiva de la empresa figuran como ‘comerciantes’.
Bazla agregó que “en concepto de anticipo de obra, Ramírez ordenó el pago de $45.864.000. Por ‘movimiento de suelos’ adelantó $24.906.000, y por el cierre olímpico, que no existe, otros $12.250.000.
“El sábado al mediodía recorrí el lugar junto con Marcelo Neme, secretario Académico de la ULP, y pudimos observar que solo han hecho un compactado parcial del terreno. Hay dos máquinas viales, una de las cuales está fuera de servicio. Nadie estaba trabajando pese a que el compromiso legal era de terminar la obra en ‘15 días’ a partir del 28 de noviembre. Haber pactado contractualmente ese plazo de obra es de cumplimiento imposible. Sin embargo, así figura en el contrato. Los adelantos existentes no deben superar el 30%, pero la exsecretaria de Deportes adelantó el 70% del costo de la obra. Eso es de una ilegalidad total”, dijo Bazla.
“En ningún caso está acreditada la razonabilidad del precio, como ordenan las leyes de obras públicas y de contabilidad para contratar en forma directa. Por el monto debió llamarse a licitación pública, pero no lo hicieron”, finalizó el secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión.
