Eugenia Sosa Herrera, directora de Finanzas y Recursos de la Provincia, encabezó una conferencia de prensa en la que también hablaron el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, para explicar cómo repercuten en San Luis los fuertes recortes de fondos que decidió el Gobierno nacional, que pegan de lleno en todas las áreas y en el bolsillo de sus habitantes.
La funcionaria blanqueó la preocupación que tiene el Ejecutivo provincial. “Vemos que en términos reales estamos recaudando menos, entre coparticipación y transferencias automáticas en diciembre tuvimos una caída del 26%, y en enero el retroceso fue del 12% en términos reales interanual. Esto implica una suma de 7 mil millones de pesos, solo en el mes de enero aproximadamente, que no entran al Tesoro debido por un lado a la caída del nivel de la actividad económica que se estima en un 2,8% para 2024, pero también nos están impactando las modificaciones del impuesto a las ganancias, que para el conjunto de las provincias implicó una disminución de la recaudación de medio punto del PBI. Para San Luis son unos 38 mil millones de pesos”, analizó con los números en la mano.
Pero la administración de Javier Milei siguió ajustando a las provincias: “Discontinuó algunos fondos muy importantes, como el del Subsidio al Transporte. En enero fueron unos $300 millones, que multiplicado por 12 serían 3.600 millones al año. También el Fondo Incentivo Docente serían otros $6.000 millones anuales que dejaríamos de cobrar si se suspende. Si bien en el sueldo de enero adelantamos ese pago con fondos propios, aún la Nación no restituyó nada, por lo que iniciamos reclamos y otras acciones”, agregó Sosa Herrera.
Como también Nación recortó fondos que iban a ser destinados a obras públicas que están en ejecución, el gobernador, Claudio Poggi, firmó este miércoles un decreto con el que creó la Comisión de Control y Seguimiento de Recursos Provinciales y Federales de la provincia de San Luis, para optimizar los recursos que cada ministerio gestiona. Esa comisión tiene referentes de cada cartera, que tendrá que fijar normas muy estrictas de austeridad en el gasto. Por eso el Gobierno en pleno está analizando flujos de fondos mientras cuenta apenas con los ingresos corrientes. “La idea es analizar la recaudación de los recursos para afrontar los pagos de la actividad habitual del Gobierno”, dijo.
El ministerio de Educación, Guillermo Araujo, reconoció que con los gastos actuales que afrontó San Luis, más el Fonid del que se hizo cargo la provincia aunque corresponde a Nación, espera la devolución de parte de Nación de unos $6 mil millones, “que no tenemos la seguridad de que vayan a llegar”. Ese fue el reclamo de todas las provincias en la primera reunión del Consejo Federal de Educación. Se hizo una petición formal con respecto a la claridad y la previsibilidad sobre qué va a pasar con esos fondos, pero hasta ahora no hay ninguna novedad. “Será tema de discusión y análisis en la nueva comisión”, dijo Araujo, quien aseguró que el inicio de clases implica muchas otras cuestiones más. “Estamos trabajando y está toda la predisposición de parte de los docentes y de los directivos para arrancar en armonía”, agregó.
En cuanto a los costos del transporte, Cianchino también mostró su preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que los subsidios que vienen de Nación representan el 40% del gasto de todo el sistema. “Actualmente Nación le debe a San Luis desde noviembre, es decir que ya son casi cuatro meses de atraso, por lo cual se complica todo; y lo más grave es que no sabemos en el futuro cómo va a ser la política de subsidios a nivel nacional”, explicó el secretario.
“Si bien anunciaron que los subsidios van a bajar a través del sistema SUBE, la realidad es que en un corto plazo es imposible llevar adelante la implementación. Por eso pedimos otra audiencia con el secretario de Transporte de la Nación para que nos notifiquen del instrumento legal a través del cual eliminaron los subsidios al interior del país”, agregó Cianchino, quien contó que están en contacto con el resto de las provincias para avanzar en un pedido conjunto y analizar todas las alternativas para reclamar a través de la vía judicial o la administrativa.
En San Luis, el sistema SUBE lo utiliza Transpuntano en la capital, pero no está en el resto de la provincia, algo que no sorprende ya que el 70% del sistema de transporte a nivel nacional no cuenta con el pago de la tarjeta, algo que no sucederá en el corto plazo porque no está ni la maquinaria, ni las adaptaciones para llevarlo adelante. “Esto es lo que nos preocupa, hay mucha incertidumbre. Si la idea es bajar los subsidios a través de la demanda por la SUBE, la realidad es que en dos a tres meses no podría implementarse en el interior del país”, afirmó el funcionario.
Hay provincias que tienen un convenio firmado por la SUBE y todavía no la tienen en el transporte, pero San Luis ni siquiera lo rubricó. “Estamos en contacto permanente con los empresarios, el sistema de transporte interurbano en San Luis lo utilizan más de 80.000 personas, tiene un corte de 500.000 boletos mensuales y una incidencia en el tejido social muy importante, porque involucra lo productivo, la educación y la sanidad”, describió Cianchino, preocupado por mantener la conectividad.
Ante la relación que tiene el inicio de las clases con el uso del transporte, Araujo volvió a tomar la palabra: “El ministerio de Educación brinda transporte en las zonas rurales, con lo cual estamos garantizando que todos los chicos puedan comenzar la escuela. En el interior está garantizado el inicio de clases, el transporte va por un carril separado, aunque reconozco que es un tema importante y crucial”.
Consultado finalmente sobre el estado edilicio de las escuelas, reconoció que “en un mes y medio no vamos a poder solucionar lo que no se hizo en tantos años de dejadez respecto de las escuelas públicas. Hicimos un relevamiento y abordamos las situaciones más urgentes, después a lo largo del año iremos solucionando todo lo necesario”.
