El Gobierno de San Luis puso en marcha, por única vez, una moratoria para regularizar deudas impositivas. La propuesta finalizará el próximo 31 de mayo e implica importantes beneficios para ponerse al corriente. En este marco, destaca un beneficio especial para quienes realizaron ampliaciones en su vivienda y no las declararon ante la dirección de Catastro y Tierras Fiscales, que ahora podrán condonar la deuda de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2023 con un pago que conlleva importantes ventajas. Cabe recordar que para sumarse a este régimen es necesario estar al día con las obligaciones del año en curso.
“Está vigente el sinceramiento para el registro catastral. Esto es de gran importancia porque todas aquellas personas que se sumen a este beneficio, en el marco de la moratoria, podrán consolidar su propiedad y regularizar su situación”, enfatizaron desde el organismo provincial.
Al respecto, precisaron que la posibilidad de registrar en Catastro los nuevos ambientes construidos es permanente, pero solo aquellos que realicen el sinceramiento voluntario como parte de la moratoria obtendrán los beneficios. Los ciudadanos que hagan el encuadre de la regularización en el régimen propuesto por el Gobierno tendrán un costo de $400 por metro cuadrado cubierto y $200 por metro cuadrado semicubierto. Por ejemplo, si sinceran 100 metros cubiertos -que no habían sido declarados- se actualizarán a $400.
Para concretar el trámite, cada potencial beneficiario deberá declarar voluntariamente la mejora en un formulario y, una vez pagado, queda condonada toda la deuda hasta el 31 de diciembre de 2023, lo cual implica la cancelación por los últimos cinco años. La mejora va a impactar recién en el impuesto inmobiliario del año siguiente.
¿Qué pasará con las construcciones no declaradas en el periodo de moratoria?
El director de Catastro y Tierras Fiscales, Darío Crivello, explicó que están verificando información satelital y comenzarán a efectuar el registro desde el organismo. “Esto implica que podrá hacerse el cobro del período no prescrito de cinco años retroactivos, a quienes no declaren voluntariamente. En todos los casos en que se descubran ampliaciones o mejoras no declaradas, con posterioridad del 31 de mayo, se podrá cobrar según el monto evaluado de la propiedad”, precisó.
