Los cambios implementados por el gobierno de Javier Milei en el sistema de los Registros del Automotor se cobraron la primera baja. Rodrigo Puértolas, que había sido designado como director nacional hace dos meses, pegó el portazo, disconforme con el ajuste anunciado hace unos días. El joven abogado había desembarcado en el Ejecutivo con el impulso de Santiago Caputo. Pero nunca llegó a ser nombrado formalmente.
Puértolas, como otros funcionarios actuales, no tenía ningún vínculo con La Libertad Avanza. De hecho, provenía del PJ porteño y había apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa.
En los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, estuvo a cargo de Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUSE), un organismo que dependía del ministerio de Economía.
Puértolas no fue la primera opción para comandar la Dirección Nacional de los Registros del Automotor. De hecho, hubo al menos dos candidatos que finalmente desistieron del cargo. “Llegó en marzo, comenzó a dar órdenes pero se lo notaba con muchas dudas desde el comienzo”, explicó una fuente que conoce todas las terminales del sistema.
Sin un nombramiento formal, el abogado terminó siendo director nacional en los hechos y las resoluciones oficiales quedaron a cargo de dos funcionarios de línea: Mónica Cortes y Martín Enrique Pennella.
Disconforme con las decisiones oficiales, Puértolas comenzó a condicionar su continuidad. La decisión de dar marcha atrás con los aumentos, a mediados de abril, fue un antes y un después. “No puedo hacer un plan de gestión en estas condiciones, todos los días hay una renuncia”, se quejaba por lo bajo. Este lunes, finalmente, citó a varios funcionarios de la DNRPA y les comunicó su salida.
“Intentó poner realismo a lo que el Gobierno buscaba: avanzar con los instrumentos digitales pero sin obviar la calificación de los registros. Tenía buenas intenciones. Estaba trabajando en un marco regulatorio para la designación de los interventores”, opinó una fuente del sector que habló con Puértolas en los últimos días.
Entre los anuncios que hizo el Gobierno el 3 de mayo, figuraba la reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional. Nadie no estaba dispuesto a impulsar ese ajuste, opacado por otras medidas más populares como la eliminación de la cédula azul o el cierre del 40% de los Registros.
La salida de Puértolas exhibe la resistencia que generaron los cambios anunciados dentro del sistema. En los últimos días se presentaron decenas de amparos en todo el país. Las presentaciones buscan modificar la decisión oficial de frenar los aumentos que se habían otorgado a mediados de abril. Ya hubo amparos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, y en varias provincias del Norte.
La ola de demandas apunta a una resolución puntual del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, firmada el 16 de abril, que dio marcha atrás con los aumentos que se habían otorgado apenas unas horas antes. En realidad fueron dos resoluciones. Por un lado, el ministro dio de baja la suba de los formularios, que ya habían aumentado en enero de este año. Y además congeló los ingresos que perciben los encargados de los registros, técnicamente conocidos como “emolumentos”. Estos últimos estaban frenados desde octubre del año pasado.
Tal como había adelantado este medio, los encargados de los Registros decidieron acudir a la Justicia. El puntapié inicial lo dio la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), que presentó un amparo con la firma de 77 encargados e interventores de registros del todo el país. Esa presentación apunta a que se declare “la nulidad de la Resolución 2024-133-APN-MJ”, y que restablezca la resolución que había otorgado los aumentos. Pero además apunta a una actualización trimestral por el índice del IPC, como vienen implementando varias empresas de servicios.
Esa presentación se replicó en varias jurisdicciones, con presentaciones individuales y colectivas.
