El juzgado federal de Bariloche adelantó lunes una decisión que debía comunicar el martes y falló a favor de la extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala a Chile. Sin embargo, el dirigente, condenado en el país vecino por actos terroristas, aún puede apelar en dos instancias, por lo que su traslado no será efectivo inmediatamente.
Si bien el traslado del detenido estaba previsto que se decidiera este martes, el juez subrogante Gustavo Eduardo Villanueva, a cargo de la causa, aceleró los tiempos y aceptó antes entregar a Jones Huala para que cumpla la pena que le fue impuesta el 21 de diciembre de 2018 por la Primera Sala No Inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad trasandina de Valdivia por “incendio” y “tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal”.
“Comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y al Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina, lo resuelto en este proceso, con la información relativa al tiempo de detención sufrido”, ordenó el magistrado en su fallo.
Asimismo, solicitó al Estado de Chile “que se computara el tiempo de privación de libertad que demande este proceso, como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso que motivo el ́requerimiento” de extradición y “que extreme los recaudos en pos de garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral” de Jones Huala.
Al hacer lugar al traslado, Villanueva sostuvo que no encontró “motivos suficientes y valederos que conduzcan a concluir” que el líder mapuche “pueda verse expuesto a tratos incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos ni para dudar que Chile —con quien nos une una larga tradición de asistencia recíproca— aplicará con justicia la ley de la tierra”.
“En especial, si se toma en consideración que -en caso de verificarse alguna de esas prácticas- tendrá a su inmediato alcance un amplio abanico de opciones para hacer cesar o corregir los actos lesivos mediante presentaciones ante organismos nacionales o supranacionales -que, dicho sea, han controlado regularmente el estado y desarrollo de las instituciones penales chilenas-”, agregó.
Por su parte, la defensa del dirigente de la RAM, encabezada por los abogados , Eduardo Soares y Gustavo Franquet, ya tenían preparados el recurso ordinario que elevarían a la Corte Suprema para tratar de revertir la extradición, a la cual se oponen.
El jueves pasado, el propio Jones Huala fue el último en hablar en la última de las audiencias judiciales que se improvisó en uno de los salones del Escuadrón 36º de Gendarmería Nacional en Esquel, donde el condenado fue muy crítico con el juez, quien en 2018 ya avaló la extradición.
Durante la audiencia tuvieron el primer revés a un pedido de anular el juicio aunque Villanueva rechazó los planteos preliminares que esgrimieron – argumentando el rechazo del magistrado a la posibilidad presentación de pruebas – y descartó la nulidad del proceso.
“Casación puede anular el juicio si considera que es injusto que no nos hayan permitido presentar pruebas, o bien puede solicitar la realización de una nueva audiencia para poder hacerlo”, dijo Soares. “Eso, para nosotros, es muy positivo”, sentenció.
La Justicia chilena solicitó la extradición para que siga cumpliendo la condena a seis años de prisión por el incendio de un fundo y la portación ilegal de armas de fuego, delitos ocurridos en 2013, y de la que aún resta menos de un año para que expire, en junio de 2024.
Jones Huala fue detenido a fin de enero de este año en El Bolsón. Tras un breve paso por una comisaría de Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche, fue trasladado a la cárcel federal de Esquel, donde permanece alojado. El tiempo de reclusión en la Argentina se computa como parte de la condena.
