Ello surge del documento remitido por la Contaduría General de la Provincia al Honorable Tribunal de Cuentas en cumplimiento del artículo 52 de la Ley Nº VIII-0256-2004 de Contabilidad, Administración y Control Público de la provincia.
La cuenta destaca que, a partir de agosto de 2023, se observaron una serie de gastos de tipo estructural y duros que agravó la brecha mensual que se venía registrando entre los recursos y los gastos. Dada esa naturaleza de los gastos, repercutieron y trasladaron a los meses subsiguientes, y se seguirán manteniendo incluso durante el año 2024 a pesar de que no cuentan con las previsiones presupuestarias correspondientes.
De haberse mantenido tal nivel de gastos mensuales que se encontraba previsto en la Programación Financiera del último mes del año pasado, el déficit anual hubiera sido aún mayor.
La fuente de financiamiento del déficit fiscal la revistieron los fondos excepcionales y extraordinarios, cobrados por única vez, recibidos del Estado Nacional con motivo del pago de la deuda judicial.
Dichas conclusiones son consistentes con la revisión y evaluación realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre la situación económica y financiera de la provincia al cierre del año pasado.
Los expertos de la institución académica concluyeron que: “De las constataciones efectuadas surge que la liquidación de los títulos públicos fue el mecanismo utilizado para financiar parte del déficit, año tras año, llegando al presente sin el respaldo de estos títulos” y afirmaron que las inversiones en Títulos Públicos que había recibido la Provincia como consecuencia de los juicios ganados, “fueron declinando paulatinamente durante los años 2021, 2022 y 2023” y que para el año 2024, “habían sido liquidados… casi en su totalidad”.
