Gabriel Oriolo, Superintendente de Servicios de Salud, dio a conocer una serie de irregularidades dentro del sistema de obras sociales y empresas de medicina prepaga en Argentina. Según el funcionario, el organismo que dirige detectó un desorden estructural que afecta gravemente la calidad de los servicios brindados a los beneficiarios. Este diagnóstico surge tras meses de auditorías e investigaciones que pusieron al descubierto graves deficiencias en la prestación de servicios por parte de diversas entidades del sector de la salud.
El Superintendente explicó que la Superintendencia de Servicios de Salud inició un proceso de ordenamiento en el sistema, centrado en fiscalizar tanto a las obras sociales nacionales como a las empresas de medicina prepaga. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, afirmó Oriolo.
Durante la entrevista, Oriolo detalló que existen actualmente 661 empresas de medicina prepaga registradas en Argentina, de las cuales solo diez cuentan con una inscripción definitiva. “Nos encontramos con sorpresas muy importantes. Tenemos hoy registradas 661 empresas de medicinas privadas, de las cuales solo diez están inscritas definitivamente. Las otras 651 solo tienen una inscripción transitoria provisoria”, explicó el Superintendente, dejando en claro que la mayoría de estas entidades no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la ley para su funcionamiento.
Según Oriolo, el análisis de la Superintendencia reveló que 127 de estas empresas presentaron ninguna documentación desde su inscripción. “Nunca presentaron un solo papel. Cuando hablamos de papel, estamos hablando de cartillas, contratos, la parte contable y administrativa. Es decir, no han presentado nada”, enfatizó. Ante esta situación, la Superintendencia requirió la documentación necesaria a todas las empresas involucradas.
Como resultado de este proceso, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de la Superintendencia. “Publicamos un edicto en el Boletín Oficial diciendo que iban a ser dadas de baja. De esas 61 empresas, solo tres respondieron. Dos de ellas pidieron la baja voluntaria porque no estaban en actividad, y la tercera está intentando ponerse en orden”, detalló Oriolo, quien también señaló que este proceso continuará con otras 127 empresas que tampoco presentaron la documentación solicitada.
Una de las obras sociales más relevantes en la mira de la Superintendencia es Osprera, la obra social que atiende a los obreros rurales en todo el país. Con más de 760.000 afiliados, esta obra social ha sido objeto de intervención por parte del organismo debido a su falta de solvencia y graves problemas en la prestación de servicios. “Hicimos auditorías con los prestadores para ver cuál es la cobertura, porque en definitiva lo que buscamos es que el beneficiario reciba lo que le corresponde”, señaló Oriolo.
El resultado de esas auditorías fue alarmante: más del 70% de los prestadores de Osprera no estaban brindando los servicios que, según la obra social, deberían estar disponibles para los afiliados. “Hicimos llamados telefónicos a los médicos, a los prestadores, y casi el 70% de los prestadores de su cartilla, la que ellos dicen tener, no estaban prestando servicios”, afirmó el Superintendente.
Además, Osprera enfrenta una situación financiera crítica, sostuvo el funcionario. A pesar de haber recibido una ayuda financiera de 9 millones y medio de dólares en octubre del año pasado, la deuda previsional de la obra social creció un 63% desde entonces. “Recibieron ese auxilio y, aun así, hoy tienen una deuda superior”, reveló Oriolo, añadiendo que la obra social también tiene una deuda con los hospitales públicos por más de 1.500 millones de pesos. Debido a estas irregularidades, la Superintendencia decidió nombrar un administrador provisorio para Osprera, quien se encargará de llevar adelante la intervención.
Otra práctica que la Superintendencia está tratando de eliminar es la triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Según Oriolo, esta práctica genera costos adicionales innecesarios para los beneficiarios sin aportar ningún valor agregado. “Estimamos que entre un 3% y un 8% del costo de lo que paga un beneficiario final de una empresa de medicina privada que pasa por una obra social es un costo sin valor agregado”, explicó el funcionario.
Oriolo subrayó que uno de los objetivos principales de la Superintendencia es garantizar que los aportes de los trabajadores lleguen directamente a la prestación de servicios y no se pierdan en costos de intermediación. “Lo que nosotros queremos es que el aporte de cada uno de los trabajadores llegue directamente a una prestación y no que en el camino queden en distintas manos de tercerización”, afirmó Oriolo, quien señaló que se está trabajando muy fuerte en este sentido para corregir estas distorsiones.
Una de las principales dificultades que enfrenta la Superintendencia en este proceso de reordenamiento es la existencia de “cajas negras” en el sistema de obras sociales. Estas cajas negras, según Oriolo, están relacionadas con las triangulaciones y generan costos innecesarios para los beneficiarios. “Hay cajas negras. Hay obras sociales con muchísimos beneficiarios que tienen pocos empleados, porque lo único que hacen es un pasaje de manos. Pero es simplemente un peaje”, denunció Oriolo durante la entrevista.
