Horas después del anuncio del Gobierno nacional, se oficializó la medida que impide a las provincias y municipios incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. El Poder Ejecutivo sostiene así su pelea contra los reajustes impositivos a nivel municipal que la semana pasada había denunciado en supermercados.
Tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la resolución 267/2024, que establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
De esta manera, la normativa aclara que “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”. En consecuencia, la resolución deja en claro que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley. Esta medida comenzará a regir dentro de los próximos 30 días, tiempo establecido para su adecuación.
Así, tal como habían adelantado fuentes del equipo económico a este medio, se especificó cuáles son los recargos que pueden estar incluidos en la boleta que le llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos. Esto es algo que la Nación no puede prohibir por tener, provincias y municipios, autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. Por esto mismo, la medida, entonces, busca “transparentar” ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por los servicios.
En su considerando, el Gobierno alega que, “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratados por el consumidor”.
En ese sentido, consideraron a esta práctica como una “violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores”, así como una falta a la “libertad de elección del mismo”.
Caputo fue el que anunció la medida a través de una publicación en su cuenta de X. Con una imagen de una factura de energía eléctrica del Municipio de La Costa que adjuntó a su mensaje, el funcionario señaló —a manera ilustrativa— cuáles son los recargos impositivos municipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio. Entre ellos se encuentran: tasas de seguridad e higiene, cuota social, Bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas. Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, anticipó que “la resolución abarcará, además, a los impuestos provinciales no relacionados con el servicio”.
El conflicto por la suba de tasas municipales en distintas intendencias no es nuevo, y hay sectores puntuales como supermercadistas, bancos y representantes del mundo hotelero, entre otros. Aunque data de varios años, volvió a estar en la discusión pública en los últimos días y el Gobierno nacional reaccionó con reclamos públicos y, ahora, con una medida puntual.
La cuestión recobró vigencia a partir del anuncio del intendente de Lanús, Julián Álvarez, de que subiría la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) a tres cadenas de hipermercados para ofrecerle exenciones o reducciones de alícuotas a más de 500 almacenes barriales.
A partir de septiembre, Lanús subió la TSH de 2,36% a 6% y generó una catarata de cuestionamientos no solo de parte de los afectados, en este caso los supermercadistas, sino también del Ejecutivo nacional, que ya venía estudiando el tema y analizaba distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales. Ante este escenario, resolvieron que la mejor forma de afrontarlo era a través de una medida como la oficializada hoy.
Tal como reflejó, en los últimos meses se intensificaron los reajustes de tasas municipales como compensación a la caída de fondos propios por la merma de actividad y también reciben menos coparticipación y, por decisión de la Casa Rosada, menos transferencias discrecionales.
El Ministerio de Economía está observando con detenimiento este incremento de tasas que están aplicando los municipios y en el área de Legales analizan qué estrategia adoptar. Lo dijo Caputo días atrás: “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.
Además, explicó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores”.
