El Gobierno de Argentina ha emitido el Decreto 964/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, que autoriza el cierre y auditoría de la Casa de Moneda. La intervención tendrá una duración de 180 días, durante los cuales el interventor Pedro Daniel Cavagnaro deberá realizar un relevamiento exhaustivo de los activos, el personal, los contratos y los procesos judiciales. También se analiza una revisión de los Convenios Colectivos de Trabajo y se prevé la reestructuración o eliminación de normas vigentes. El Banco Central confirmó la interrupción de contratos para producir billetes de baja denominación, que serán reemplazados por los de valores superiores debido a la inflación.
Luego de que el Gobierno anticipara el cierre oficial de la Casa de Moneda, el organismo que había sido creado para fabricar los billetes aptos para circular en todo el territorio argentino fue intervenido y puesto a cargo del interventor designado, el doctor Pedro Daniel Cavagnaro. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre por 180 días, el plazo que se estipula que podría demorar la creación del plan para desarticular el ente y distribuir las tareas que cumplía hacia otras áreas que ya se encuentran en funcionamiento.
Por medio de la publicación del Decreto 964/2024 firmado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la empresa estatal quedó habilitada para ser sometida a una evaluación que permita conocer el estado en el que se encuentra. A partir del relevamiento de información, se exigió la realización de un informe que permitirá que la cartera económica defina los pasos a seguir para concretar la reformulación, readecuación y acción para la sociedad.
Por este motivo, las autoridades pidieron profundizar en la cantidad de procesos judiciales y administrativos en los que se encuentra involucrada la Casa de Moneda como parte, tercero o potencial tercero; analizar los Convenios Colectivos de Trabajo del personal contratado con la finalidad de modificarlos; y representar a la patronal ante los gremios y los empleados con el objetivo de revisar las pautas remunerativas, salariales, parámetros indemnizatorios y acuerdos de desvinculación.
De la misma manera, se enfatizó en la necesidad de que el interventor asegure el relevamiento y reforma del régimen de administración de fondos públicos y las partidas presupuestarias, la modificación del Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios, y la revisión de la administración de compras y contrataciones, la estructura orgánica y el Régimen Profesional del Personal, ya sea contratado, de planta permanente y de gabinete. Asimismo, señalaron que las normas actuales podrían ser desechadas y reemplazadas por nuevas disposiciones, según se considere.
Otro de los puntos claves planteados en el decreto apuntó a que el organismo dejará de funcionar bajo el régimen de sociedad, mientras que se dispuso que las instalaciones y los bienes vinculados al ente sean sometidos a una auditoría, con el fin de evaluar el estado en el que se encuentran. Respecto a las deudas existentes, el interventor fue habilitado para renegociar los pagos, a la vez que los resultados de las evaluaciones deberán ser informadas al ministro de Economía.
Después de que el personal de la Casa de Moneda fuera forzado a tomarse vacaciones, Cavagnaro estará a cargo de designar y/o remover a los funcionarios estatales y el personal vinculado laboralmente a la empresa. No obstante, en el abanico de posibilidades que tendrá el interventor se mencionó que los contratos podrían ser renegociados, prorrogados, modificados y rescindidos, según cuál sea el caso y si los mismos resultaran favorables para el ente estatal. Además, se mencionó que las tareas de transferencia de los servicios, bienes, personal, inmuebles, marcas, registros, patentes y licencias serían coordinados en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente de la cartera económica.
Por otro lado, el Banco Central ya confirmó la interrupción de los contratos que estaban vigentes para producir billetes de $1.000 y $2.000, debido a que las autoridades argumentaron que serían innecesarios y que se priorizará la impresión de los de $10.000 y $20.000, de los cuales los últimos aún no fueron puestos en circulación. La medida implicó que las actividades realizadas por los empleados fueran detenidas a modo de anticipo por el cierre total de la empresa.
Las autoridades bancarias explicaron por medio de un comunicado que la decisión estuvo motivada por “el incumplimiento total” del cronograma de entrega de billetes por parte de Casa de Moneda respecto de tres contratos sellados por la gestión de Miguel Pesce durante el gobierno anterior y porque el organismo cobró el doble de lo que correspondía por la fabricación de los billetes. En este sentido, remarcaron que el costo representaba el doble de lo que se hubiera tenido que abonar si estos se emitían en el exterior.
El Banco Central ya había pagado el 45% del importe de esos tres contratos. El primero firmado en noviembre de 2021 con fecha de entrega del primer semestre de 2022; un segundo contrato sellado en septiembre de 2022 para entregar a comienzos de 2023; y un tercer acuerdo firmado en febrero de 2023 que preveía entregas en la segunda mitad de ese año.
El incremento del índice de inflación también aportó a que los billetes de bajas denominaciones fueran considerados inútiles, puesto a que en el sistema financiero aún persisten las quejas por un exceso de los mismos y porque el BCRA se niega a recibirlos. De hecho, muchas entidades bancarias se vieron obligadas a alquilar depósitos y transformarlos en tesoros solamente para acumular billetes de $1.000, tal como antes lo hacían con los de 100 pesos.
