El gobierno de Estados Unidos intensificó sus esfuerzos por desmantelar la “estructura represiva y antidemocrática” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado anunció un incremento en las recompensas económicas por información que conduzca al arresto o condena tanto de Maduro como de figuras clave en su gabinete. Paralelamente, el Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos funcionarios vinculados al régimen por su papel en la represión y los abusos a los derechos humanos.
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, “las ofertas de recompensa han sido elevadas a hasta 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro y su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello”. Además, se ha establecido una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por datos sobre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. “Estas medidas buscan comprometer a los responsables y reforzar la transición democrática en Venezuela”, señala el documento.
La estrategia no sólo se centra en recompensas monetarias. Agencias estadounidenses también tomaron decisiones contundentes sobre sanciones financieras. Un ejemplo destacado es Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), quien según informa el Departamento del Tesoro forma parte del entramado económico del gobierno de Maduro.
“PDVSA ha sido central en la generación de ingresos ilícitos utilizados para sustentar el régimen; Obregón Pérez es clave en esta operación”, explicó el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, citado en el comunicado.
En la lista de funcionarios sancionados también figura Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), quien además se desempeña como ministro de Transporte de la administración de Maduro. Ambas entidades ya habían sido objeto de medidas en años anteriores. Según el comunicado oficial difundido por Washington, “estas sanciones buscan no solo bloquear las entradas económicas del régimen, sino exponer a los actores clave implicados en fomentar la represión violenta y la corrupción”.
Otro aspecto crítico abordado en las nuevas sanciones de Estados Unidos es el rol de las fuerzas de seguridad venezolanas en la continuidad del régimen. Entre los sancionados se encuentra Douglas Arnoldo Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), señalado por liderar actividades represivas y violaciones graves de derechos humanos. Rico fue previamente sancionado por la Unión Europea en 2023 por denuncias de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias bajo su mando.
“El CICPC ha sido responsable de los peores abusos desde las elecciones presidenciales de julio de 2024″, recalcan las autoridades en el comunicado.
En este contexto, las elecciones presidenciales de julio de 2024 son un hito clave en la escalada de tensiones políticas en el país sudamericano. Según expertos, Maduro y su círculo cercano intensificaron su “represión violenta” tras lo que Estados Unidos y sus aliados calificaron como un proceso electoral fraudulento. Bradley T. Smith subrayó que “Estados Unidos y sus socios se solidarizan con el pueblo venezolano en su reclamo de elecciones justas y verdaderamente democráticas”.
La presión no solo proviene de Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro, esta última acción fue coordinada con aliados internacionales como Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido con el objetivo de ejercer una presión multilateral contra el gobierno de Maduro. “Nuestro mensaje es claro: no toleraremos la represión ni el desprecio por los derechos humanos y los valores democráticos”, reiteró el departamento.
Por su parte, el coronel retirado de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), José Ramón Figuera Valdez, también figura en la lista de sancionados. Designado en octubre de 2024 como comandante de la Zona de Defensa Integral del distrito capitalino, Figuera ha sido vinculado a casos de brutalidad policial que resultaron en al menos ocho muertes durante manifestaciones tras las elecciones. El comunicado añade: “Figuera fue directamente responsable de los niveles más altos de detenciones arbitrarias durante los eventos del 29 de julio de 2024″.
El alcance de estas sanciones incluye el bloqueo de bienes e intereses ligados a los sancionados, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, siempre que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, cualquier transacción entre entidades estadounidenses con los sancionados está prohibida, algo que podría implicar severas penas civiles o incluso penales para los infractores.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó que estas sanciones no buscan castigos sin fin, sino cambios significativos en las acciones del gobierno venezolano. “El objetivo de las sanciones es fomentar transformaciones positivas y construir un camino hacia una Venezuela democrática”, asegura el comunicado difundido por el organismo. Sin embargo, esta no es la primera vez que altos funcionarios venezolanos se convierten en blanco de estas estrategias internacionales.
En conclusión, la comunidad internacional liderada por Estados Unidos continúa incrementando la presión diplomática y económica sobre el régimen venezolano. Con estas últimas sanciones y ofertas de recompensa, se refuerzan las acciones contra figuras clave de la administración de Maduro, intentando cerrar el cerco al sistema de poder instaurado en Caracas.
