DESTACADO OPINIÓN

Se acabó el baile: represión y vergüenza

Resumen

Mientras los delincuentes inundan las calles de la ciudad capital aterrorizando a la población, efectivos pésimamente formados violan toda garantía constitucional violentando a los más jóvenes en vez de perseguir el verdadero delito.

Por Gastón Binet

Director SLR

Los resultados de la incompetencia de quien está al mando de la seguridad en San Luis están a la vista. Mientras los delincuentes inundan las calles de la ciudad capital aterrorizando a la población, efectivos pésimamente formados violan toda garantía constitucional violentando a los más jóvenes en vez de perseguir el verdadero delito.

No es una novedad señalar que el ministro de Inseguridad, Luciano Anastasi, carece de toda formación para dirigir la seguridad de la provincia, tampoco es una novedad que el funcionario no ha mostrado resultados positivos en su gestión frente a una de las carteras más importantes y sensibles del Gobierno provincial, el cual por cierto lo ha blindado por ser “amigo” del hijo del primer mandatario.

Tan alejado de la realidad como Alberto Rodríguez Saá, el ministro se pavonea en circos ambulantes denominados “megaoperativos”, los cuales son una mera vitrina para mostrar qué bonito les queda el uniforme a quienes lo portan, sin embargo, no han aportado nada, absolutamente nada al mejoramiento de la seguridad en San Luis.

No obstante, en paralelo a la falta de acción de la fuerza para con los verdaderos delincuentes, desde la cartera de seguridad se ha avanzado contra la población en diferentes casos, poniendo en tela de juicio la preparación de quienes deben ser custodios de la seguridad pública.

El día domingo mientras un grupo de jóvenes se reunió a bailar y rapear en Plaza Pringles, un grupo de policías irrumpió acusando a los presentes de que en ese lugar estarían consumiendo sustancias prohibidas. Los jóvenes, en su mayoría menores de edad, negaron la imputación y solicitaron a la autoridad que se identifique. De acuerdo al relato de testigos, esto hizo que los uniformados se tornaran violentos y comenzaran a agredir física y verbalmente a los presentes exigiendo documentos.

Mientras algunos de los presentes grabaron la situación con sus teléfonos celulares, uniformados de diferentes dependencias, como el DRIM y policías de la jurisdicción, reprimieron y golpearon a menores que fueron conducidos a la seccional primera de policía.

Testigos afirman que mientras reducían a uno de los jóvenes, los efectivos le bajaron los pantalones para requisarlo, lo cual de ser cierto constituye un delito que se maximiza en el caso de los menos menores de edad, ya que se tipificaría como una requisa vejatoria la cual es ilegítima e ilegal.

Tras el escándalo, los medios oficialistas (de la familia Rodríguez Saá) salieron a desinformar al señalar que la policía había actuado ante un disturbio generado por un grupo de personas que no se quisieron identificar.

Este no es el primer (ni el último) caso de violencia policial en el que un par de personas están convencidas (o fueron convencidas) de que pueden estar por encima de la ley, solo por el hecho de usar el uniforme policial, dañando seriamente no solo la imagen de la institución sino también la de muchos policías que realizan su labor con total profesionalismo.

A partir de esta situación veremos cuáles serán las explicaciones del ministro Anastasi con respecto a este papelón que protagonizaron sus subordinados. Ojalá en un futuro no muy lejano la policía pueda volver a formarse como debe para ser y una vez más podamos estar orgullosos de nuestra policía. Pero hasta que eso ocurra, seguramente nuestros hijos ya no podrán bailar y cantar en la Plaza.

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